Fuente: https://laopinion.com

Un juez federal rechazó hoy una petición presentada por la Administración Trump que buscaba frenar una demanda colectiva interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la cual busca impedir la separación de familias que llegan a la frontera para solicitar asilo político.

“Con el lenguaje más enérgico, el tribunal rechazó el argumento de la administración de Trump de que la Constitución les permite involucrarse en la inhumana práctica de alejar a niños pequeños de sus padres”, manifestó Lee Gelernt, subdirector del proyecto de derechos de inmigrantes de la ACLU, en declaraciones recogidas en una nota.

La Administración Trump argumentaba que las familias que buscan refugio “no tienen el derecho constitucional de permanecer juntas”, tal como manifiesta ACLU.

Esta lucha legal se da en medio de un creciente número de casos a lo largo de la frontera donde se ha detectado que padres y madres han sido separados de sus hijos mientras esperan en detención que se resuelva su petición de asilo.

El juez federal Dana Sabraw resolvió hoy que los argumentos alegados son suficientes para mostrar que la conducta del gobierno “impacta la conciencia y viola el derecho constitucional de los demandantes a la integridad familias”.

El juez agregó en dicho documento que de ser cierta dicha conducta, es “brutal, ofensiva y no concuerda con las nociones tradicionales de juego limpio y decencia”.

El caso que encabeza la demanda es el de una mujer originaria de Congo, identificada como “Señora L”, quien fue separada durante meses de su hija de siete años una vez que se entregaron en la garita internacional para solicitar refugio.

Días después de que se ejerció acción legal, el gobierno reunificó a la madre con su hija, quien había sido llevada a un albergue para menores en Chicago.

Organizaciones acusan a la actual administración de apelar a esta práctica como una estrategia para disuadir el cruce de familias indocumentadas y poder procesar criminalmente a adultos que han ingresado al país de forma irregular.

Recientemente, el grupo Pueblo Sin Fronteras denunció que al menos nueve familias que viajaban con la caravana que recién llegó a la frontera ya habían sido separadas pese a que éstas se entregaron a autoridades de manera legal.

Tras la decisión judicial de hoy, el litigio colectivo que además de frenar esta práctica pretende que las familias que ya han sido separadas sean reunificadas, continúa en la corte federal de San Diego, California, en espera de una resolución del juez