Las crisis en Venezuela y Nicaragua, pese a no ser parte del temario central, terminaron convertidas este lunes en eje del cuadragésimo octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General que se instaló este lunes en Washington.

A lo largo del día, las discusiones internas giraron alrededor de un proyecto de resolución, apoyada por Colombia, que no solo desconoce formalmente el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 20 de mayo, sino que activaría el proceso previsto en la Carta Democrática para suspender a este país del ente hemisférico.

La resolución, que cuenta con 10 puntos, declara «ilegítimo» el proceso electoral por no haber contado las garantías para un proceso libre y sin la participación de todos los actores políticos.

Su numeral 10 parece ir más allá al pedir que se aplique, «de manera estricta», los artículos 20 y 21 de la Carta Interamericana de la OEA que son los que establecieron los países firmantes para intervenir en un estado cuando se ha presentado un rompimiento del orden constitucional como el que dicen ha sucedido en Venezuela.

Los artículos prevén primero agotar todos los caminos diplomáticos con miras a dar reversa a esa alteración. De lograrse, entonces el Consejo Permanente convocaría a una Asamblea Extraordinaria de Cancilleres en la que se podría decidir la suspensión de un país con el voto de las dos terceras partes.

Según fuentes en la OEA, el proyecto de resolución tendría al menos 20 votos, lo cual garantiza que sería aprobado probablemente este martes. Lo que nadie sabe es qué seguiría de allí en adelante.

En las últimas horas, el secretario de Estado Mike Pompeo dejó claro que a su juicio, en Venezuela ya se agotaron las vías diplomáticas y por lo tanto el único camino viable sería el de proceder a la suspensión lo antes posible para ejercer aún más presión sobre el régimen de Maduro.

«Ya se agotaron todas las opciones de diálogo. Solo queda suspender a Venezuela de este órgano. Tenemos que demostrar que las palabras valen y mandarle un poderoso mensaje a Maduro que solo elecciones libres y acciones reales le permitirán volver al seno de esta organización», dijo Pompeo.

Jorge Faurie, Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina planteó la misma posición. Y se sabe que el vice presidente Mike Pence había invitado a cenar a un grupo de cancilleres con el objetivo de acelerar el proceso de suspensión. Y que Washington trataba de emplear su músculo para voltear al grupo de países caribeños que hasta ahora se han opuesto a medidas más contundentes contra Maduro.

Fuentes en la OEA le dijeron a este diario, no obstante, que aún no tendrían los 24 votos que se requieren para poder suspender a un país y que en cualquier caso eso no sucedería en el corto plazo.

Fue considerado una victoria, en todo caso, que se pudiera incluir el tema de Venezuela como parte de la agenda de la Asamblea, algo que en pasadas citas había sido imposible.

Jorge Arreaza, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, catalogó los movimientos como nuevas agresiones contra su país y dijo que estaban «contando los días para finalmente abandonar la OEA».

Paralelamente se movía otro proyecto de declaración en que se «condena y exige el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general» que se vienen presentando en Nicaragua y hacen un llamado tanto al gobierno como a otros actores sociales «para que demuestren compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas».

Por su parte, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, insistió en que tanto para Venezuela como para Nicaragua, la vía seguía siendo el diálogo franco entre las partes.

Holguín, que aprovechó para despedirse de la OEA, reiteró que el gobierno colombiano desconocía los resultados de las elecciones. Jorge Arreaza, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, por su parte, le sacó en cara cómo Venezuela los había apoyado durante los diálogos de paz y que ahora solo recibían agresiones del gobierno colombiano.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington