Fuente: https://elpais.com

Era un drama silencioso, alejado de los focos. Pero ha acabado por estallarle a Donald Trump por su afán de utilizar al Partido Demócrata en su cruzada contra la inmigración irregular. La separación de cientos de familias de inmigrantes indocumentados en la frontera se ha convertido en una nueva tormenta política para el presidente estadounidense. Los reproches a Trump se han avivado tras saberse que, a finales de 2017, su Gobierno perdió la pista de unos 1.500 menores indocumentados que fueron entregados a familias de acogida tras llegar solos a EE UU. No es un problema nuevo pero, para muchos, simboliza el desdén y demonización de la inmigración por parte del republicano

La realidad, sin embargo, es muy distinta. Es el presidente republicano quien ha decidido abrazar la mano dura fronteriza sin que le obligue la ley. Y no fueron los demócratas los que optaron, el pasado 7 de mayo, por dar un paso enormemente polémico.

El fiscal general, Jeff Sessions, anunció ese día una política de persecución judicial del “100 por ciento” en la frontera. En un intento de disuadir la llegada de inmigrantes indocumentados, que ha crecido en los últimos meses, el Departamento de Justicia decidió presentar cargos delictivos contra cualquier persona que cruce ilegalmente de México a EE UU al margen de cuál sea su situación personal, por ejemplo si solicita asilo. Esa decisión de “tolerancia cero” implica convertir en práctica habitual la separación de padres e hijos de una misma familia de inmigrantes cuando son detenidos al entrar sin permiso a EE UU.

Si sus padres son capturados, los niños no pueden ser encarcelados y pasan a ser considerados menores no acompañados a los que la Administración debe proteger. La separación puede durar pocos días o mucho más dependiendo de si los adultos salen del centro de detención mientras esperan a que se resuelva en los tribunales su situación migratoria. El Gobierno reconoció en abril que, desde el pasado octubre, unos 700 menores han sido separados de sus padres. Y la semana pasada, un alto cargo de la policía de fronteras explicó que, entre el 6 y el 19 de mayo, fueron segregados 658 niños tras detenerse a los adultos con los que viajaban.

La nueva política tiene un objetivo meramente disuasorio dado que hay límites legales y logísticos que impiden deportar con rapidez o detener indefinidamente a inmigrantes. Sin embargo, ha suscitado críticas de republicanos, demócratas y organizaciones sociales, que advierten del daño psicológico a los menores y del riesgo de que caigan en redes de tráfico.

Pese a la controversia, la medida no es del todo nueva. Hasta 2006, era común que la policía migratoria detuviera por separados a padres e hijos, según un informe del American Immigration Council. Ese año el Congreso instó a liberar a las familias o mantenerlas juntas bajo custodia.

La Justicia declaró en 2016 que los niños inmigrantes deberían ser liberados lo antes posible, pero no obligaba a que los padres también lo fueran. Para cumplir con ese fallo, el Gobierno de Barack Obama estableció que padres e hijos no podían pasar, juntos, más de 21 días en un centro de detención.

Ahora la Administración Trump se apoya en una ley de 2008, aprobada por unanimidad por ambos partidos durante la presidencia del republicano George W. Bush, que establece que en las primeras 48 horas tras ser aprehendido, un inmigrante indocumentado menor de edad pasa a estar bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Tras ser liberados, los niños son transferidos a un refugio, a un tutor o a familiares en el país mientras su caso entra en el lento circuito judicial migratorio. Existe el riesgo de que los menores no se presenten a las citas judiciales.

También de que pasen a estar desaparecidos en las estadísticas oficiales. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha desatado una polémica al reconocer que ha perdido el rastro de 1.475 menores que fueron entregados a familias de acogida porque no ha podido contactar con los tutores. Algo parecido ocurrió en 2016, cuando una investigación interna reveló que el Gobierno federal solo logró contactar con un 84% de los niños que habían sido transferidos a familias, teniendo a 4.159 en paradero desconocido.

Tratando de atajar la controversia, el vicesecretario de Salud y Servicios Humanos, Eric Hargan, negó el lunes haber “perdido” a los niños y esgrimió que, como algunos son entregados a familias de indocumentados, es posible que los adultos no quieran contestar al teléfono por miedo a represalias del Gobierno. Este martes, los departamentos de Salud y Seguridad Interior anunciaron posibles cambios para mejorar la supervisión de los niños, que incluirían tomar huellas dactilares de los tutores.

Hargan también alegó que las manos de su departamento están atadas y, abrazando el mensaje de dureza de Trump, sostuvo que un mayor control de la frontera evitaría problemas de ese tipo. “El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha sido puesto en la labor de colocar a inmigrantes ilegales con individuos que les ayudaron a entrar ilegalmente en el país. Esto empeora esta crisis inmediata y crea un incentivo perverso para violaciones futuras de la ley federal de inmigración”, afirmó.