Fuente: https://laopinion.com

En enero, Lilian Calderón Jiménez acudió con su esposo Luis Gordillo a la entrevista para obtener su “green card” a las oficinas de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Al principio, la conversación con los dos funcionarios de inmigración fue amistosa y consideraron que su matrimonio con un ciudadano estadounidense era genuino, por lo que su solicitud de Residencia Legal Permantente fue autorizada.

Cuando la pareja estaba a punto de irse, los funcionarios de USCIS dijeron que agentes “La Migra” el querían hablar con ella brevemente… luego fue esposada y llevada a un centro de custodia federal.

Una situación similar sucedió con Lucimar de Souza, un brasileño a quien lo detuvieron mientras realizaba su trámite, cuando todo parecía avanzar sin problema.

El martes pasado, cuatro meses después, en una apretada audiencia judicial, Thomas Brophy, director interino de la oficina local de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Boston, le dijo al juez Mark L. Wolf que ordenó el fin de los arrestos en USCIS, después de enterarse de que los inmigrantes buscaban estatus legal después de casarse con Estados Unidos.

Brophy aseguró dijo que dijo a sus oficiales que “nos enfocaríamos en la seguridad pública”, que no iban “a realizar esos arrestos (en las oficinas del gobierno) a menos que hubiera una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública”, publicó el Boston Globe.

El funcionario aseguró que la práctica había ocurrido bajo su predecesor, y la cambió cuando asumió el cargo en febrero, aunque no se sabe si ese ajuste podría no ser un cambio a nivel nacional, o sólo en Massachusetts. Un portavoz de ICE se negó a aclararlo al diario.

La decisión de Brophy fue reconfirmada tras ver un video donde se ve al hijo de Lucimar de Souza abrazar a su padre con fuerza tras ser liberado por “La Migra”, luego una larga defensa de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que ahora presentó una demanda colectiva con el caso de la mexicana y otros más.

“Continuaremos buscando toda la verdad sobre lo que se hizo a nuestros clientes, y seguiremos luchando para obtener una medida judicial ordenada para protegerlos, y a otros como ellos, de las acciones ilegales de ICE”, dijo Matt Segal, director legal de ACLU de Massachusetts. “Nada de lo que escuchamos hoy reduce la necesidad de ese alivio”.

Brophy fue el primero de los seis empleados de ICE llamados a testificar ante Wolf, quien ordenó a los funcionarios comparecer ante el tribunal para responder preguntas sobre el arresto de Calderón y al menos otros tres inmigrantes que se habían registrado con el gobierno en busca de estatus legal.

Wolf recientemente dictaminó que el ICE rompió sus propias reglas cuando la agencia decidió extender la detención de dos inmigrantes bajo custodia sin darles la notificación adecuada para impugnarla.

“¿Piensa qué se sentiría enfrentar la amenaza de la deportación y separarte de tu cónyuge e hijos durante seis semanas, cinco semanas, cuatro semanas?”, preguntó Wolf al funcionario de ICE.

El respondió: “No sé si he pensado en eso, pero lo entiendo”, dijo Brophy, tras ver el video del hijo de Souza.

“Ahora él conoce mis emociones”, dijo de Souza durante un descanso en la audiencia. “Él tiene (niños). Ese era mi hijo”.

La audiencia continuará este miércoles y, de ganar ACLU y los demandantes, podría generar un precedente para otras entidades.