¨La primera pequeña mentira que se contó en nombre de la verdad, la primera pequeña injusticia que se cometió en nombre de la justicia, la primera minúscula inmoralidad en nombre de la moral, siempre significarán el seguro camino del fin¨.Václav Havel. 1936 – 2011

Fuente:  Alianza Venezolana por la Salud

Las deplorables y mendaces afirmaciones de la representación de Venezuela en la Asamblea Mundial de la Salud, convocada por la Organización Mundial de la Salud, alejadas de toda veracidad, han sido recibidas como una cínica, humillante y cruel burla a las personas que vivimos en Venezuela, muy especialmente a los miles de pacientes y a sus familiares que sufren todo tipo padecimientos, y que no encuentran acceso a los servicios, equipos, medicamentos esenciales y otros insumos para preservar o recuperar su salud, ya que el Estado, y en particular, el Ejecutivo Nacional, ha abandonado desde hace varios años sus obligaciones para proteger a la población, destinadas a garantizar los recursos, eficiente, oportuna, continuamente y con calidad, necesarios para el ejercicio pleno y universal del derecho a la salud y a la vida.

A la manifiesta falta de voluntad de régimen, se agregan, la ineficiencia, la improvisación, el desorden y la corrupción que afectan al sector salud y como si fuera poco, la absurda pretensión oficial de negar la crisis humanitaria continuada, que solo logra agravar los problemas, producir más víctimas y hacer más difícil alcanzar soluciones. Una tragedia humana que ha sido reconocida por la propia Organización Mundial de la Salud, en sus documentos técnicos, y por otros organismos especializados de Naciones Unidas, preocupados, por las múltiples y graves violaciones de derechos humanos fundamentales, injusticias y pérdidas de libertades, que se suceden como consecuencia del entorno complejo provocado por un ¨Estado fallido¨, incapaz y sin voluntad de solucionar la emergencia y el estado de necesidad, producto de su incompetencia, cuando no de su deliberada actuación.

Rebatir la ¨verdad oficial¨ con los dolorosos testimonios de la gente, los hechos e indicadores confiables, sobre la tragedia sanitaria venezolana, no resulta difícil; a pesar de la férrea restricción arbitraria y censura de información oficial, conducta reiterativa y cada vez más violatoria del derecho de los ciudadanos, a estar debida, completa y oportunamente informados a partir de fuentes oficiales, sobre aquellas materias que son de interés público y de la que somos privados. La decisión injusta y arbitraria de los funcionarios, obstaculiza reconocer las condiciones de riesgo y los factores determinantes y contribuyentes para enfermar y con ello cualquier estrategia efectiva de ¨Atención Primaria de Salud¨. Estamos comprometidos en visibilizar los problemas, exigir respuestas por parte del Gobierno y aportar ideas para su solución.

A continuación enumeramos algunas de las más prominentes falsedades del discurso oficial insistentemente repetidas y amplificadas por el aparato de propaganda:

¨Barrio Adentro 100 % ofrece atención universal de salud a toda la población. Hay un médico y un equipo de salud por cada 1.340 habitantes¨. La aspiración original de esta meta, un médico porcada 1.200 habitantes, no fue alcanzada en los últimos 15 años. En 2008, la distribución de consultorios populares a nivel nacional era irregular y en promedio solo alcanzó 1 ¨cooperante cubano¨ por cada 3.000 habitantes. La población atendida en 2004 en el momento de mayor expansión de la MBA fue de 7,2 millones de personas (30% de la población); En 2007 se había reducido a 22% .

Los servicios y coberturas declinaron acentuadamente desde entonces. En 2014, la cobertura de población atendida por Barrio Adentro, estimada mediante la Encuesta ENCOVI solo alcanzaba 2.640.511 personas, de los cuales solo 46,28 % eran pobres, lo que indica la inadecuada focalización de este programa social. En 2017 la encuesta ENCOVI estimó que solo 1,7% de la población (510.000 personas) eran atendidas por la MBA.

Más allá de los indicadores cuantitativos de acceso y cobertura, en la precarias condiciones actuales MBA y el sector público de salud venezolano, tiene un bajo desempeño en las 8 áreas de acción de la Agenda de Salud de las Américas (OPS) que debieron cumplirse entre 2008 y 2017, a saber: fortalecer la autoridad sanitaria nacional, abordar los determinantes de la salud, aprovechar los conocimientos, la ciencia y la tecnología; fortalecer la solidaridad y la seguridad sanitaria, disminuir las inequidades en salud, reducir los riesgos y la carga de enfermedad, aumentar la protección social y el acceso a los servicios de salud de calidad, fortalecer la gestión y el desarrollo de las personas que trabajan por la salud.

Las acciones típicas de Atención Primaria de Salud que debían ser gestionadas por la MBA, muestran números inaceptables, entre ellas los cuidados materno infantiles y sus indicadores como la mortalidad materna, la mortalidad infantil y las coberturas de vacunas para prevenir enfermedades infectocontagiosas. No es casual que los funcionarios que asistieron a la Asamblea hayan omitido referirse el vergonzoso retroceso en la tasa de mortalidad materna, a las cifras que existían antes de 1957, (61 años atrás); La tasa de mortalidad materna creció exponencialmente en los últimos 3 años y alcanzó en 2016, la cifra de 135 por cada 100.000 nacidos vivos registrados. Las estimaciones para 2017, son cercanas a 190 por cada 100.000 nacidos vivos registrados, valor solo superado en Sur América por Bolivia y las Guayanas. Mientras que la mortalidad infantil retrocedió 20 años, con una tasa de 19 por cada 1.000 nacidos vivos registrados.

La re emergencia de difteria (después de 24 años) y de sarampión (después de 11 años) sin casos autóctonos, refleja el bajo desempeño del programa Nacional Ampliado de Inmunizaciones y graves fallas en la vigilancia epidemiológica. Venezuela acumula más del 80% de los casos autóctonos de ambas enfermedades en las Américas y ha sido la fuente de casos exportados a países vecinos, Colombia, Brasil y Ecuador, obviamente una amenaza de salud pública internacional. Las bajas coberturas de vacunación por años, permitieron el acumulo de una población muy alta de susceptibles y en esta población desprotegida y debilitada por la desnutrición crónica, se cultivaron las dos graves epidemias, extendidas por casi todo el territorio del país que no han podido ser controladas, en el primer caso en dos años y en el segundo después de 10 meses de su inicio. La mortalidad por difteria ha resultado inusualmente alta, el doble de la ocurrida en Haití y la mortalidad asociada a sarampión amenaza gravemente a poblaciones muy vulnerables como las etnias indígenas de Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas.

Se afirma que se ha alcanzado una ampliación del esquema nacional de vacunas para la protección de 18 enfermedades, pero se oculta que desde hace dos años fue suspendida la vacunación contra el rotavirus, contra la influenza en niños y adultos, también la vacunación contra neumococo en niños y adultos; esta suspensión traerá como consecuencia inevitable el aumento de la morbilidad y mortalidad por causas evitables. Además, sin explicación o justificación alguna, se pospuso hace 4 años la vacunación contra el Virus de Papiloma Humano (VPH). Graves fallas se han producido en la aplicación de otras vacunas como la vacuna contra la fiebre amarilla o la vacuna BCG.

La pretensión oficial de condicionar el acceso y disponibilidad de medicamentos esenciales y vacunas, a poseer y presentar el ¨carnet de la Patria¨, ha sido una inaceptable y reprobable práctica discriminatoria del Ejecutivo Nacional, que atenta contra el principio de universalidad del derecho a la salud y al excluir a las personas las expone a tratos crueles y degradantes que aumentan el sufrimiento psicológico y agravan su condición de salud. Desde AVS hemos exigido al Régimen suspender la aplicación de esta práctica, arbitraria y restrictiva, cuyo propósito de control social y político no puede privar sobre el libre acceso y disponibildad de los productos y servicios de la salud. Los funcionarios omitieron toda referencia en su discurso al uso del carnet de la patria como instrumento de coacción.

El control de la malaria Los datos aportados por la Vice Ministra, sobre la reducción de la incidencia y morbilidad por malaria, carecen del soporte de cifras absolutas verificables; por el contrario la realidad es otra, el comportamiento de la tendencia de la grave epidemia de malaria es a la diseminación y activación de los focos de transmisión activa de la enfermedad, a numerosos territorios en donde esta había sido eliminada por más de 50 años; persisten los focos calientes más activos en la región sur oriental, que no han sido controlados en los últimos 10 años, por haberse abandonado las actividades fundamentales del Programa Nacional de Lucha contra la Malaria, reducido para 2016, drásticamente, los recursos financieros asignados al programa a la quinta parte, situación que imposibilita el control vectorial mediante fumigaciones intradomiciliarias (reducidas a 1% de la población a proteger), distribuir mosquiteros impregnados en insecticidas residuales y garantizar la disponibilidad, la continuidad, el acceso y el cumplimiento de los esquemas de tratamiento; por esta causa se han producido cantidades inaceptables de recaídas, recidivas, re infecciones, diagnósticos tardíos y errados, complicaciones y muertes.

Los escasos datos oficiales, disponibles de 2017 y 2018, nos indican un crecimiento exponencial de casos nuevos en los estados Anzoátegui (Hasta la semana epidemiológica N· 20 de 2018, 108 veces, de 33 a 3.587 casos) , Miranda (hasta la semana epidemiológica N· 20 de 2018, 173 veces más que en el período homólogo de 2016, de 3 a 520 casos autóctonos nuevos). También en Sucre, Amazonas, Monagas, Delta Amacuro y otros estados del país, pero no disponemos de datos de estos estados como consecuencia de la restricción arbitraria de información oficial. Los casos del estado Bolívar, según el Ministro del Poder Popular para la Salud, el Lic. Luis López, se multiplicaron en 2017, alcanzando 400.000 casos y hasta la semana epidemiológica N· 16 de 2018, la cantidad acumulada fue de 177.619 casos, por lo que se puede estimar una proyección al final del año de 568.750 casos nuevos en ese estado. A consecuencia de esta situación fuera de control, el número de casos exportados a Brasil desde Venezuela, en el primer trimestre de 2018, aumentó a 1.919 casos, (312% de aumento), al comparar con el período equivalente de 2017, cuando se registraron 416 casos.

VIH-SIDA. “Venezuela garantiza el suministro gratuito de antirretrovirales de hasta 12 combinaciones diferentes”. La escasez de antirretrovirales data del año 2009, y el actual ministro de salud y presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Luis López, agudizó esta escasez que llegó al 100% porque desde mayo de 2017, es decir, desde hace un año, no ha firmado las órdenes de compra de estos medicamentos al Fondo Estratégico de Medicamentos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y tampoco ha procurado los recursos económicos suficientes para la adquisición de estas medicinas con otros organismos internacionales y productores de fármacos.

La¨guerra económica¨ impide ejecutar pagos para la adquisisición de medicamentos y vacunas. El argumento falaz de la ¨guerra económica¨, para justificar la gravísima carencia y falta absoluta de disponibilidad de estos bienes, se desmorona, ya que el inicio de tales carencias se remonta al segundo semestre de 2013, y ha sido la consecuencia de la insolvencia comercial acumulada del Gobierno Nacional, que desde entonces no honró las mil millonarias deudas en dólares con los proveedores internacionales de materia prima, productos farmacéuticos elaborados, insumos, partes, repuestos y equipos para la salud importados y que no son producidos en Venezuela. Resulta también falso, que las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de América, desde agosto de 2017, hayan impedido la adquisición en ese país, de estos bienes ya que el texto de la Orden Ejecutiva del Presidente Donald Trump, explícitamente, excluye cualquier restricción para adquirir alimentos y medicamentos.

Las cuantiosas deudas adquiridas por Venezuela con el Fondo Rotatorio y el Fondo de Contingencia de la Organización Panamericana de la Salud, (OPS) en los últimos 4 años, tampoco pueden justificarse como consecuencia de bloqueo económico alguno ya que estos pagos están libres de restricciones, si bien esta insolvencia ha retrasado los procedimientos de procura de nuestro país; aún así, desde 2016, la OPS, ante la gravedad de las epidemias de malaria, difteria y desde 2017, sarampión, benefició a nuestro país; autorizó importantes donaciones de medicamentos, vacunas, equipos de diagnóstico y mosquiteros impregnados en insecticidas residuales; así como de medicamentos para atender a pacientes con VIH-SIDA e inmuno moduladores para pacientes trasplantados, en cantidad importantes pero que no satisfacen la demanda de los mismos.

No es cierto que actualmente el Estado venezolano garantice y realice la entrega gratuita de medicamentos oncológicos, inmunosupresores, hematológicos y hemoderivados. La referida entrega es espasmódica, no es continua, ha disminuido en los últimos tres años y los venezolanos están empeorando en su condición de salud por la ausencia de medicamentos esenciales, sin dejar de mencionar que se están registrando muertes por la ausencia absoluta de los mismos, como es el caso de los medicamentos inmunosupresores para los trasplantados. Las 69 mil personas con distintas condiciones de salud registradas en el sistema sanitario venezolano para recibir medicamentos de alto costo, se preguntan actualmente dónde están esos 210 principios activos de alto costo que la viceministra Parada aseguró entregar gratuitamente a todos ellos.

Las afirmaciones de la vice ministra Parada, ponen en evidencia la desesperación y el descaro del régimen dictatorial de Maduro para ocultar la emergencia compleja que sufre nuestro país, producto de la incompetencia, la improvisación y las acciones y omisiones deliberadas y la negación del problema, solo contribuyen a agravar el sufrimiento de las personas , desprotegidas por el Estado, de las garantías, recursos y medios suficientes y de calidad para el acceso y disfrute pleno del derecho universal a la salud y a la vida.

La desinformación y las protuberantes falsedades expresadas por la vice ministra Parada, producen un efecto contrario al perseguido por el régimen, porque crean desconfianza, distanciamiento y mayor desasosiego con el discurso político oficial, carente de información objetiva y contrastable con la realidad. La pretensión de desinformar y ocultar, hace daño considerable a la sociedad; más allá de la carencia de escrúpulos éticos, la mentira política al negar la realidad y las evidencias, tiene efectos devastadores sobre la sociedad y una vez descubierto el engaño, induce a la pérdida de credibilidad en el funcionario; las declaraciones mencionadas, inspiradas en pasiones y pretendidos intereses revolucionarios, que usa como instrumento político sin límites la ¨propagación de la ignorancia¨ y el engaño, resultan una farsa, cuya inconsistencia permite identificar e intuir su vínculo concreto con la génesis de la crisis política que afecta nuestra Nación, provocada deliberadamente, cuando no por incompetencia, por el populismo asistencialista del régimen, enmarcado en un ¨Estado fallido¨, cuyo propósito es la quiebra institucional, la sumisión de la sociedad a sus intereses, desprecia las libertades, los derechos fundamentales, hace caso omiso de las leyes y desprotege a los ciudadanos.

En la Alianza Venezolana por la Salud, estamos comprometidos en exigir el derecho de las personas a estar informados veraz, oportuna, continua y completamente, sobre temas de interés general como los relacionados con la salud y tener acceso a las fuentes oficiales. Una sociedad informada es una sociedad saludable, capaz de identificar los factores de riesgo para enfermar, asumir conductas saludables, cooperar en la prevención de las amenazas; a fin de cuentas, recibir universalmente, sin discriminación, las atenciones dignas y de calidad para preservar y recuperar la salud. A la vez, tenemos el derecho y el deber de exigir y reclamar a las autoridades de salud, cumplan con sus obligaciones para proteger la salud de la población y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud de todas y cada una de las personas que vivimos en nuestro país y anhelamos el regreso de la democracia.