Un grupo de 16 legisladores hispanos de EE.UU. pidieron al Gobierno mayor protección para las mujeres embarazadas internadas en centros de detención para inmigrantes después de que las autoridades cambiaran una política que les obligaba a ponerlas en libertad.

La nueva norma fue proclamada el pasado 14 de diciembre y, desde entonces, 506 mujeres estuvieron en algún momento bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según datos de esa agencia que depende del Departamento de Seguridad Nacional y gestiona los centros de detención para inmigrantes.

En una carta, los 16 legisladores del Caucus Hispano del Congreso piden a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, detalles sobre la implementación de la norma y sobre las condiciones en las que viven las mujeres embarazadas retenidas en los centros de inmigrantes.

“Le escribimos de nuevo para expresar nuestras graves preocupaciones sobre la salud y tratamiento de las mujeres embarazadas”, comienzan en su misiva los legisladores del Caucus Hispano, que han pedido repetidamente explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional.

La nueva norma da discrecionalidad al ICE para decidir “caso por caso” sobre si una mujer embarazada debe permanecer detenida, igual que hace con el resto de inmigrantes que están retenidos por haber entrado irregularmente en el país o porque han cometido un crimen y van a ser deportados.

Lo que hace la norma es acabar con el tratamiento especial que las mujeres embarazadas recibían y, mediante el cual, no podían ser internadas en un centro de detención a no ser que hubiera alguna “circunstancia extraordinaria” que lo hiciera necesario, como que hubieran cometido algún crimen grave.

La norma anterior establecía que las mujeres debían ser liberadas en un plazo máximo de 72 horas después de que se hubiera determinado que estaban embarazadas.

Los legisladores consideran “profundamente preocupante” el cambio de la política que, según aseguran, se produjo sin que el Gobierno enviara una notificación al Congreso.

Consideran que la nueva provisión puede poner en peligro la vida, la seguridad y el bienestar de las mujeres embarazadas y citan las quejas de mujeres inmigrantes recogidas por numerosos grupos, como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), que denuncian falta de atención médica.

Piden, por ello, datos sobre la frecuencia con la que los ginecólogos examinan a las detenidas, así como una estimación sobre el tiempo que tardaría un médico en atender a una mujer en caso de emergencia.

Un portavoz del ICE aseguró a Efe que los centros de detención ofrecen atención prenatal a las mujeres y, además, pueden tener acceso a un especialista.

Según el ICE, a no ser que se den circunstancias extraordinarias, una mujer no será detenida si se encuentra en el tercer trimestre de su embarazo.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional rechazó comentar sobre la carta de los legisladores. EFE