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La candidatura de El Bronco agudiza la confrontación entre las autoridades electorales de México

El INE acata entre protestas la decisión del Tribunal Electoral de incluir a Jaime Rodríguez Calderón como candidato a la presidencia

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, en un acto en Ciudad Juárez.
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, en un acto en Ciudad Juárez. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ REUTERS

Fuente: https://elpais.com / Sonia Corona

Jaime Rodríguez Calderón aparecerá en la boleta electoral del 1 de julio como candidato independiente a la presidencia. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han reconocido, con protestas, la decisión del Tribunal Electoralde incluir a El Bronco en los comicios y han enumerado las diversas irregularidades que se encontraron en el proceso con el que obtuvo su candidatura. “Estamos frente a una sentencia que si bien fue dividida, con cuatro votos a favor y tres en contra, el INE la acatará”, ha dicho el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

Córdova ha explicado que esta decisión afectará la organización de las elecciones. El INE tendrá que volver a estudiar la distribución de los anuncios de cada candidato en radio y televisión; también reorganizará la financiación pública de cada uno de ellos; cambiará el formato de los tres debates—el primero se celebra en dos semanas—; y retrasará la impresión de las boletas electorales que debían estar listas a finales de abril. El consejero presidente reconoció que seguir la instrucción del Tribunal Electoral es una de las razones por las que el INE es “un ancla de la estabilidad política de México”.

Sin embargo, el resto de los consejeros comenzaron a enlistar las razones por las que El Bronco no debía llegar a la boleta electoral. El consejero Benito Nacif, por ejemplo, aseguró que el exgobernador de Nuevo León tuvo 12 audiencias con las autoridades electorales para aclarar la situación de las firmas que reunió para respaldar su candidatura. Rodríguez Calderón argumentó ante el Tribunal que el INE violentó su derecho de audiencia. Nacif aseguró que el aspirante tuvo numerosas oportunidades para aclarar el tema. “Las sentencia que hoy acatamos es incongruente considerando estos precedentes”, señaló.

El Bronco reunió dos millones de firmas para respaldar su candidatura a la presidencia. El INE encontró que 810.000 se trataban de ciudadanos fallecidos, credenciales para votar duplicadas y ciudadanos que no aparecían en el padrón electoral. Además, hallaron que 387.000 de sus firmas eran fotocopias, simulaciones o identificaciones de otro tipo, como tarjetas de supermercados.Tras las audiencias, el INE determinó que Rodríguez Calderón había reunido en total 849.937 firmas, el 98,08% de lo que necesitaba para ser candidato a la presidencia, y que habría necesitado de 16.000 apoyos más para conseguir su objetivo.

El consejero Ciro Murayama ha insistido que incluso revisando exhaustivamente cada firma era poco probable que El Bronco consiguiera comprobar los requisitos que el INE pide para ser candidato independiente a la presidencia. “Se infirió que de los fallecidos, duplicados o no registrados tal vez íbamos a encontrar a 16.000 ciudadanos. Acatamos pero no renunciamos a nuestra autonomía ni imparcialidad”, dijo. Por su parte, la consejera Pamela San Martín lamentó que la decisión del Tribunal Electoral no favorezca a los aspirantes a la Cámara de Diputados y el Senado que se encontraban en las mismas condiciones que El Bronco.“Es un tratamiento que no se dio a los aspirantes a diputados federales y senadores. Un tratamiento desigual no abona y sí debilita los derechos de las personas a ser votadas”, apuntó.

Durante el último año, el INE y el Tribunal Electoral han llevado una relación tensa en la que las decisiones de los magistrados se contraponen a la propuestas de los consejeros. Recientemente han diferido en la forma en la que se hará el conteo rápido la noche del 1 de julio para conocer al ganador de las elecciones. También han tenido opiniones opuestas en la forma en la que se fiscalizaron en 2017 las cuentas de los candidatos en el Estado de Coahuila y en el uso de programas públicos sociales durante las elecciones del año pasado en el Estado de México.

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