Cómo solucionar la crisis de vivienda: aumentar el parque público, fomentar el alquiler y otras medidas posibles
NOTI-AMERICA.COM | ESPAÑA
Pocos asuntos convencen a miles de personas para manifestarse en fin de semana y el derecho a la vivienda digna y asequible lo consiguió este sábado en Valencia y el domingo pasado en Madrid. Los asistentes piden soluciones a la subida de los precios del alquiler en los últimos años, cuando cada vez es más difícil comprarse un piso en la misma ciudad en la que se trabaja si se gana el sueldo medio.
La respuesta del Ministerio de Vivienda a la primera protesta no tardó en llegar y el martes llevó al Consejo de Ministros la dotación de 200 millones de euros para al bono de alquiler para jóvenes, acordada con las comunidades autónomas. Pero la medida ha levantado suspicacias entre los economistas y también en el socio de Gobierno, Sumar, que se ha desmarcado y pide más intervención en el mercado. ¿Qué acciones serían entonces efectivas para solucionar la crisis de vivienda en España?
Expertos en la materia nos dictan sus recetas para un problema del mercado que, coinciden, tiene más rasgos locales que estatales y necesitará múltiples actuaciones, conciliando a Gobierno central, autonomías y ayuntamientos.
Parque de alquiler asequible
En España no existe apenas un parque de vivienda asequible o social, como se ha llamado tradicionalmente en Europa. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país se encuentra a la cola, con menos del 2% de alquiler social sobre el parque total de viviendas, frente a Austria, Dinamarca o Países Bajos, donde supone más del 20%, o Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda o el Reino Unido, donde está entre el 10 y el 19%.
«Ha faltado inversión económica durante años», valora la doctora en derecho administrativo por la Universitat de Barcelona, Berta Bastús, en una conversación con RTVE.es, en la que habla de la necesidad de abordar la crisis desde múltiples flancos y valora la ley de vivienda estatal como un «buen comienzo» para ello. El Plan de Vivienda en Alquiler Asequible, además, busca aumentar en 184.000 unidades el parque público en los próximos años. La decisión se contrapone a menudo a la inversión pública de los años 80 y 90, que permitió construir miles de viviendas en propiedad que, tras decaer la protección, han pasado a formar parte del mercado libre.
Pero ese parque de vivienda asequible no tiene por qué ser público al completo. «Es imprescindible la colaboración público-privada. Hay que pensar que más del 80% de las viviendas que se ofrecen en alquiler son de propietarios particulares que las han comprado como inversión, como ahorro», comienza el catedrático emérito de geografía humana de la Universidad Autónoma de Madrid, Julio Vinuesa, mientras el Banco de España eleva ese porcentaje al 90%.
De este modo, el experto aboga por que la administración ofrezca seguridad en los pagos y facilidades en el mantenimiento de la casa si, a cambio, los caseros limitan el alquiler a un precio determinado. Para ello, antes, cree que habría que solucionar la falta de información actualizada y útil sobre el mercado de la vivienda, en una sociedad donde el arrendamiento quizás se «ajusta mucho mejor» a modos de vida menos vinculados a la ciudad de origen o a decisiones a largo plazo. «Es un error intentar controlar los precios de la vivienda en alquiler. Estás haciendo recaer sobre los particulares una obligación que es de los poderes públicos. El error está en no entrar en conversación con ellos y colaborar», opina Vinuesa.
Los programas de vivienda social en alquiler, a los que pueden unirse propietarios a cambio de pagos adelantados, subvenciones y demás, ya se han aplicado en ciudades como Barcelona o Málaga, pero el volumen es escaso. Además de ampliarlo, la experiencia de los países europeos nos recuerda que es necesario invertir también en su mantenimiento y buena gestión, para no convertir los recursos sociales en guetos y motivo de estigma, como recordó el relator de Naciones Unidas en su visita a Países Bajos.
Bono de alquiler y avales: ¿una «subvención» a caseros y bancos?
Otra solución clásica, aunque cuestionada, son las ayudas directas a la demanda de vivienda. El bono de 250 euros para jóvenes (entre 18 y 35 años) que viven de alquiler y ganan menos de 1.800 euros al mes se aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros con una dotación de 200 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas. Los ministros de Sumar en el Ejecutivo se han desmarcado de la decisión por considerar que puede «agravar el problema», postura que sustentan diferentes estudios.
El Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) esgrime que, «sin una regulación efectiva de los precios del alquiler, la disponibilidad de subsidios puede llevar a los caseros a aumentar las rentas, sabiendo que los inquilinos disponen de más dinero para gastar». Advierten además de que supone una «transferencia directa» de los recursos públicos a los propietarios, sin necesidad de que estos mejoren la calidad o el mantenimiento de sus casas. Al respecto, un informe del centro de política económica de Esade recoge que, según estudios internacionales, los caseros capturaron el 78% del subsidio en Francia, hasta el 66% en Reino Unido y el 57% en Finlandia.
La última de las críticas habituales a esta medida es que no fomenta la emancipación juvenil (de solo el 17% en España) porque se dirige a quienes ya están viviendo fuera de casa. Así lo consideran el Consejo de la Juventud de España e IDRA, que coinciden también al mencionar que la medida es insuficiente.
