Ningún plan europeo ha despertado tanta atención como Next Generation EU. A estas alturas ya es sabido por toda la población que este proyecto nace para luchar contra la crisis económica causada por la pandemia; algunos menos conocen que busca al mismo tiempo acelerar la transición verde y digital.
Apenas se menciona en la conversación pública la capacidad del Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de ser una suerte de capital semilla -un alto volumen de recursos no nacionales concentrados en un plazo limitado de tiempo- que, unido a los esfuerzos privados, escale nuestro país. Casi tarea imposible, prestar atención también a las eventuales derivadas geopolíticas del PRTR y sus consecuencias para el posicionamiento de España en el mundo.
Este artículo pretende ahondar especialmente en el carácter semilla y de paso el geopolítico del PRTR desde la perspectiva de tres profesores muy vinculados al mundo público-privado en tres ámbitos capitales para nuestro país: la energía, la industria y la educación.
Los cambios de modelo energético se han producido a lo largo de la historia de forma lenta y con la coexistencia de diversas fuentes de energía durante extensos periodos de tiempo.
Sin embargo, la situación actual de emergencia climática requiere de una transición energética acelerada en la que está en juego no solo nuestra calidad de vida y la conservación de los recursos naturales, sino nuestra propia supervivencia.
Ante este escenario, el avance decisivo de la transición energética ya no depende solo de los estados. Ni de la innovación empresarial. Será la acción concertada bajo objetivos comunes entre el sector público, el privado y la sociedad civil la que logre movilizar tanto los acuerdos necesarios como el capital que se requiere para invertir y escalar nuevas formas de energía que nos devuelvan la confianza en el futuro. Next Generation EU es un buen ejemplo de cómo está acción concertada, tan cercana al concepto de “misiones” propuesto por la profesora Mariana Mazzucato, puede incentivarse.
Uno de los objetivos clave de Next Generation EU es apoyar la implementación del Pacto Verde Europeo, movilizando un 37 % de los fondos hacia reformas e inversiones que permitan acelerar la consecución de los objetivos europeos en materia de transición medioambiental. La transición energética ocupa un papel indiscutible, dado que el 75 % de las emisiones de CO2 en Europa provienen del sector.
Los objetivos comunes europeos son ambiciosos: para 2030, el 45 % de la generación de energía de la UE debe tener origen renovable. Además, se busca alcanzar 500 GW de generación de energía renovable e instalar 6 GW de capacidad de electrolizadores y 1 millón de toneladas de hidrógeno renovable para 2025.
Estos objetivos se han visto reforzados recientemente por la aprobación de REPowerEU, la respuesta europea a la sobre dependencia europea del gas, petróleo y carbón rusos. REPowerEU modifica el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia al instar a los países a realizar reformas e inversiones adicionales en torno a la energía renovable, en particular solar, hidrógeno verde y biometano.
España incorporará a su PRTR un nuevo capítulo dedicado a las medidas propuestas por REpowerEU, que contará con apoyo de nuevos fondos y facilidades financieras. En total, España podría llegar a movilizar más de 7 000 millones de euros entre lo correspondiente por derechos de emisión y las transferencias voluntarias posibles de fondos de disposición común, a los que podría añadir parte de los fondos que resulten del cálculo actualizado del desempeño real del PIB nacional del año 2021, contemplado en el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Además, dado que la Comisión abre la puerta a que los Estados Miembros desarrollen medidas complementarias en apoyo a los objetivos de REPowerEU, España podrá incluir en el apartado de reformas incentivos fiscales para incentivar el ahorro de energía y reducir el consumo de combustibles fósiles.
Independientemente del monto final que España decida dedicar a este nuevo capítulo, la oportunidad es clara y crucial para los intereses a medio y largo plazo de nuestro país.
Recientemente, la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) señala el alto potencial de España como productora de hidrógeno verde, lo que se suma a nuestro posicionamiento en energía solar o eólica.
El retorno a estas inversiones aceleradas puede ser diferencial para nuestra economía a largo plazo. Estamos ante la posibilidad de desempeñar, como país, un rol protagonista en un nuevo sector de actividad económica y empleo, que además de modificar nuestro modelo productivo, contribuirá a aumentar la autonomía energética, y fortalecer nuestro peso en el nuevo escenario geopolítico que la transición energética del siglo XXI va a dibujar. El equilibrio de poderes con nuestros socios europeos -en especial Francia y Alemania-; la relación con nuestros vecinos del norte de África; el papel ante las grandes potencias como China o Estados Unidos e incluso poder mirar a los ojos al régimen ruso, dependerá de las decisiones que tomemos estos meses para orientar Next Generation EU hacia cuestiones como los gaseoductos, las renovables o los acumuladores de energía.
¿Sabremos aprovecharlo? Next Generation EU aporta el capital semilla necesario para incentivar esta transición acelerada. Pero como señalamos al inicio, necesitamos acción concertada para hacer posible el cambio y movilizar los complejos acuerdos necesarios entre el sector público, el privado, y la sociedad civil. Por un lado, el sector público debe considerar todas las medidas a su alcance para facilitar trámites administrativos, facilitar información que permita anticipar al sector privado y acelerar la resolución de convocatorias. Por otro lado, el sector privado debe contribuir a la agilidad administrativa presentando proyectos viables con capacidad de ejecución completa en los plazos que marca Next Generation EU. Y también cada uno de nosotros debe hacer suyo este reto de transición, que implica cambios importantes en nuestros hábitos y preferencias de consumo.
Acelerar la transición energética es la única alternativa que tenemos para actuar sobre la principal fuente de emisiones de CO2. Además, acelerar la transición desatará una ola de innovación solo comparable a la que puede generar la transformación digital, que también persigue el instrumento Next Generation EU (dándose la mano en muchos ámbitos ambas transiciones, verde y digital). Estamos ante una oportunidad decisiva de transformar nuestro modelo económico y la composición de nuestro producto interior bruto, generando nuevos sectores de actividad industrial y empleo y disminuyendo los riesgos de dependencia y de pobreza y exclusión energética, al tiempo que se procura la sostenibilidad de nuestra economía.
Debemos aprovechar la oportunidad que nos ofrece el capital semilla de Next Generation EU para mirar a largo plazo con confianza y ambición. El objetivo: una hoja de ruta compartida que nos permita trabajar conjuntamente en la transformación energética que necesitamos acelerar.
Como españoles no nos agrada recordar que la pandemia ha generado en nuestro país un impacto mayor que en otras geografías. Eso se ha debido, entre otras razones, a la alta dependencia que tenemos del sector servicios. Esta situación ha sido especialmente preocupante en las comunidades autónomas en cuya economía éste tiene un mayor peso: Baleares y Canarias se situaron a la cabeza en la caída del PIB en 2020, con una bajada del 22 % y el 17,9 % respectivamente.
En este contexto, la recuperación de la economía española pasa, ineludiblemente, por la apuesta por la industria, con el objetivo doble de, por un lado, transformar nuestro modelo productivo hacia uno más verde, digital y resiliente y, por otro lado, afrontar en mejores condiciones futuras crisis análogas que puedan producirse.
En definitiva, debemos tomar esta crisis como una oportunidad para avanzar hacia el objetivo de lograr que el 20 % del PIB nacional sea industrial, lejos del 16 % actual.
Además, en un momento delicado para el empleo, no podemos olvidar que antes de la aparición del coronavirus la tasa de paro en los territorios con mayor peso industrial de nuestro país, como Navarra, País Vasco, La Rioja o Burgos, por ejemplo, no superaba el 10 %.
En este sentido, a través de los fondos Next Generation EU, la industria española va a contar con una financiación extraordinaria para su modernización. Así, dentro del Plan, destaca especialmente el componente 12, dedicado a la Política Industrial Española 2030, con un presupuesto de 3 782 millones de euros, y el componente 13, centrado en el impulso a la PYME, con una dotación de 4 894 millones de euros.
Adicionalmente, al ser la apuesta por la reindustrialización un vector transversal de la doble transición ecológica y digital sobre la que se asientan estos fondos, las oportunidades para la industria están presentes en la práctica totalidad de componentes del Plan.
Asimismo, los fondos europeos van a permitir a España focalizar y reforzar el impulso en sectores industriales que, por su peso en el PIB o el número de empleos con los que cuentan, son estratégicos para nuestra economía. En concreto, a través de los fondos europeos se van a impulsar nuevas cadenas de valor industriales, como el vehículo eléctrico y conectado, que va a contar con una financiación pública de 4 300 millones de euros (y movilizará una inversión privada de 19 700 millones de euros) a través de la figura de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTEs). Asimismo, están ya en marcha otros PERTEs para distintas industrias, como la naval, la aeroespacial o los microchips. Auténtico capital semilla sobre el que la pujante iniciativa industrial española se apalancará para seguir dando que hablar en el mundo. Si en el pasado la iniciativa emprendedora de innovadores patrios consiguió crear campeones mundiales como Acciona, Ferrovial, Antolín o Gestamp ahora, los fondos europeos pueden ser el seed capital de una nueva industria nacional.
El reto es garantizar un buen aprovechamiento de dichos fondos, de forma que las cadenas de valor industriales, tanto en el caso de grandes empresas como de pymes, puedan acceder a ellos, impulsando así la transformación de nuestra industria y, de una vez por todas, un mayor peso en el PIB nacional.
Para ello, con el objetivo de lograr una mayor presencia de la industria en el PIB, es necesario poner en marcha algunas mejoras en la ejecución de los fondos europeos. Por ejemplo, como recientemente ha propuesto CEOE, sería interesante fortalecer el equilibrio entre, por un lado, grandes proyectos tractores y, por otro lado, subvenciones para PYMES y autónomos, con convocatorias menos atomizadas; impulsar el papel de nuestras empresas en los IPCEIS europeos; explorar la figura del proyecto tractor territorial; incorporar bajadas de impuestos e incentivos fiscales con cargo a los fondos europeos; o implicar al sector financiero para ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas.
Por otro lado, en un contexto en el que todos los países europeos avanzan hacia el impulso a su industria, cuenta con un alto interés identificar buenas prácticas que permitan orientar la apuesta de España en este ámbito. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la apuesta por la industria que recoge el Plan “France Relance”, puesto en marcha por el gobierno galo para la ejecución de los fondos europeos. En concreto, la reindustrialización del territorio, junto con el refuerzo a la competitividad de las empresas y la aceleración de la transición ecológica, constituye uno de sus tres ejes fundamentales.
En esta etapa inicial de ejecución de los fondos en Francia, el comité independiente para la evaluación del Plan, integrado por agentes de primer nivel y presidido por el prestigioso economista Benoît Coeuré, hace una primera lectura positiva de su impacto en materia de reindustrialización.
Así, es destacable que la canalización de las ayudas del Plan ya ha tenido efectos de impulso de la industria gala. Por un lado, ya han recibido ayudas para desarrollar actividades en torno a 10 500 empresas (un tercio de las empresas industriales galas), con una inversión superior a 14 000 millones de euros. Este impulso ha sido especialmente notable en PYMES. Y, por otro lado, han puesto en marcha una bajada de los impuestos a la producción, que se estima en 10 000 millones de euros en 2021, favoreciendo el crecimiento de las empresas industriales.
En definitiva, nos encontramos ante una oportunidad histórica en donde la industria, de una vez por todas, debe tener el papel destacado que nuestro país necesita. Especialmente, ante un escenario global tan convulso como el actual y en un entorno europeo en el que muchos países han situado la soberanía industrial como una auténtica prioridad nacional, para evitar estar al albur de potencias extranjeras con intereses espurios. No podemos olvidar los peores momentos del confinamiento en el que la solidaridad de los socios europeos nos salvó de la ruina, pero al mismo tiempo la dependencia industrial de terceros países nos dejó inermes ante la amenaza vírica y sus consecuencias económicas.
La pandemia ha acelerado el proceso brutal de cambios que vive la economía mundial, y también la española, a causa de la disrupción tecnológica.
Por ello uno de los pilares de Next Generation EU, junto a la reindustrialización y el pacto verde de los que acabamos de hablar, es la digitalización.
Y precisamente en este pilar es donde las instituciones europeas han querido situar la capacitación de los actuales y futuros empleados.
Se habla de que el año largo de pandemia ha supuesto cinco años de avance en el imparable proceso digital. Es evidente que por ello los empleos también están transformándose vertiginosamente. Miles de trabajos desapareciendo, nuevas relaciones laborales, nuevas profesiones, cientos de oficios amortizándose, nuevos nichos de empleo, nuevas capacitaciones, necesidades inéditas que hacen que la oferta y la demanda del mercado laboral no casen… En España convivimos con alarmantes tasas de desempleo, pero al mismo tiempo las vacantes y las deserciones no dejan de crecer.
La crisis pandémica, lejos de parar la transformación del mercado laboral, la ha precipitado. Cualquier agente económico, público o privado, ha de tener en cuenta que su impacto social en los próximos años ha de pasar por la recualificación o el reciclaje, conocidos como reskilling y upskilling en su terminología anglosajona. No es opinable: sin formación a lo largo de la vida, no habrá espacio en el mercado de trabajo. Es la vía para luchar por la inclusión social.
Nuestra apuesta es que Next Generation EU es una oportunidad inédita para acelerar, como si de un capital semilla se tratase, no sólo una mejor formación de los trabajadores españoles, sino una nueva industria de la educación a lo largo de la vida con sede en España.
Estudios del Foro de Davos defienden que la mitad de los empleados tendrán que reciclarse antes de 2030 y que eso les supondrá de media seis meses de estudio. Pero esto afecta a todos los niveles de la escala laboral. Llámese como quiera, upskilling o reskilling. El primero pretende enseñar a un directivo nuevas competencias para optimizar su desempeño; el segundo, entendido como reciclaje profesional, aspira a formar a un empleado para adaptarlo a un nuevo puesto en la empresa. Lo importante es saber que se necesitarán trabajadores más especializados -upskilling- y empleados más versátiles -reskilling-. Ambos conceptos comparten que luchan contra la brecha digital en el seno de la empresa y la hacen más competitiva; mejoran los procesos de selección y, en consecuencia, los periodos de adaptación; ayudan a fidelizar y a retener el talento.
Los analistas de McKinsey Global Institute han anunciado que 5 millones de empleos en España corren el peligro de ser desplazados a lo largo de la próxima década por distintos factores, entre los que destaca la automatización. Lo preocupante es que este informe ha revisado al alza anteriores estimaciones, ya que antes de la COVID-19 se estimaba que en España podrían desaparecer para 2030 alrededor de 4,1 millones de empleos. La pandemia ha apretado la soga.
Hoy, de facto, la tecnología permite automatizar el 50 % de las actividades de la población laboral, en palabras de Alejandro Beltrán, responsable en España de McKinsey. La reducción de costes por la automatización está generando incrementos de productividad muy relevantes que, para un país como España, son clave para acercarnos al PIB per cápita de los países de referencia en Europa. Pero, al mismo tiempo, es una espada de Damocles para los trabajadores españoles. Los autores del estudio “El futuro del trabajo después de la COVID-19” calculan que en España alrededor de 1,6 millones de trabajadores se verán empujados antes de 2030 a cambiar de ocupación, incluyendo 1,4 millones obligados a un cambio total de ocupación y categoría.
Al mismo tiempo, para esos 5 millones de españoles (100 millones en todo el mundo) que han de cambiar de trabajo se abre la oportunidad de que por cada empleo digital que se genera, surgen como consecuencia entre dos y cuatro nuevos puestos de trabajo.
Esto tampoco es noticia. La novedad es que de nuevo la pandemia lo ha estresado. Porque está en nuestro mano cualificarnos para ello, pero al mismo tiempo si nos retrasamos o no lo hacemos, estaremos abocados a la pobreza.
No se conoce que el 30 % de la demanda laboral en España no se satisface porque no hay trabajadores cualificados en el mercado. Es un contrasentido en un país como el nuestro, en el que cerca de uno de cada dos jóvenes está en paro. Sólo cabe una solución ante este panorama: la educación.
No conviene lamentarse, sino recordar lo que el foro de Davos ha afirmado respecto a España y la necesidad de reciclar a miles de personas. El World Economic Forum ha tasado en un aumento del PIB español de 6,7 % de aquí al 2030 y una nada despreciable cifra de 230 000 nuevos trabajos si se mejorasen las competencias digitales.
España dispone ya de una base instalada para que este capital semilla fructifique. Universidades públicas y privadas con prestigio y alumnado internacional. Exitosos profesionales formados en nuestro país dirigiendo empresas en todo el mundo. Un destino seguro y de calidad para estudiantes castellanohablantes de toda Latinoamérica que ven en nuestro país la puerta natural a Europa. Un tejido emprendedor local que ha despertado el interés de todo el mundo en la enseñanza superior, con el IE University, las universidades del Grupo Planeta o la educación online con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), por no hablar de la disruptiva disciplina de edtech con jóvenes empresas españolas ya de referencia global como Odilo, Educaedu o Netex. Sin olvidar el histórico prestigio de instituciones educativas vinculadas a la Iglesia como los jesuitas o la Universidad de Navarra y el IESE, como un puñado de universidades públicas que compiten en los rankings internacionales. Por supuesto, unido a una tradicional oferta de cursos de formación continua por multitud de empresas con apoyo de la administración a través de las bonificaciones de Fundae. Un buen indicador de la salud de la industria local en este terreno es que los fondos de inversión han empezado a poner la vista en las empresas educativas españolas con operaciones como la compra de la Universidad Europea o la Alfonso X El Sabio.
Pero la presencia de la Universidad Carlos III de Madrid o la Politécnica de Barcelona en la lista de los mejores centros globales, es otro rasgo del potencial del sector.
Una potente industria educativa española no solo permitiría generar riqueza, empleo de calidad y sentar las bases del futuro económico del país sino también una fortaleza política.
Formar cientos de miles de personas de todo el mundo, atraer a los mejores talentos como docentes o que el capital más innovador invierta en nuestras instituciones educativas es un arma geopolítica de primer nivel. Las complicidades logradas con esas cohortes de egresados y profesores serán una externalidad positiva que naciones con hubs educativos como el Reino Unido o Estados Unidos han usado a lo largo de su historia reciente. Esto tendría importantes repercusiones para España. Primero, un cambio de percepción respecto al talento “educated in Spain” que sirva para generar nuestro propio hub educativo.
En el medio plazo, y siempre con la necesaria colaboración público-privada, aparece la posibilidad de generar investigación e innovación propia de calidad reconocida.
Pero de poco servirá todo lo comentado hasta ahora sino se orquesta este cambio empresarial con un cambio del marco público en el que se desenvuelve la educación superior y el trabajo en nuestro país. La sucesión de normativas, cercanas a la ideología y no a la excelencia, no ayuda. La reforma laboral de 2022 y el modelo de los ERTEs implantado en las reformas de 2010 y 2012, en cambio, son buenos pasos en lo laboral, pero es necesario seguir avanzando.
El catedrático, Iñigo Sagardoy -con el objetivo de que el reciclaje afecte al mayor número posible de trabajadores- apuesta por la institucionalización de los mecanismos de flexiseguridad para poder utilizar vías distintas al despido en situaciones de crisis, y a la vez una necesaria protección social para los trabajadores, siguiendo; al mismo tiempo innovaciones en la contratación con fórmulas inspiradas en la “mochila austríaca” así como el refuerzo políticas activas de empleo y de formación frente a la normativa laboral actual que ha dado los resultados analizados en este texto.
Como la legendaria canción de rock los Pink Floyd, los españoles tendríamos que gritar que necesitamos una nueva y mejor educación. Ahora la oportunidad la tenemos al alcance con Next Generation EU.
En la terminología empresarial, el capital semilla o financiación semilla es una inversión externa realizada en los primeros estadios de la vida de una empresa que permite solventar el conocido como “valle de la muerte” en el que la mayoría de las nuevas compañías han de cerrar por no tener ingresos que compensen los numerosos gastos.
Los inversores semilla confían en la potencialidad del negocio incipiente y así asumen pérdidas con la confianza de que, gracias a su ayuda, los emprendedores saldrán de los apuros iniciales para lograr grandes éxitos futuros.
Los autores de este artículo queremos pensar que Next Generation EU es ese inversor ángel que aportará la palanca financiera que España necesita para modernizar su economía en ámbitos como la transición verde, la industrialización o la educación.
Los años 20 de este siglo nos han hecho despertar del sueño de Francis Fukuyama y su idílico fin de la lucha de las ideologías. La geopolítica seguirá siempre impactando en la economía, pero para España ahora es posible que la economía impacte en la geopolítica, y, además para bien.
