LA DEFENSORA DEL PUEBLO PIDE QUE SE PUBLIQUEN LOS MENSAJES DE VON DER LEYEN CON PFIZER por redacción
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LA DEFENSORA DEL PUEBLO PIDE QUE SE PUBLIQUEN LOS MENSAJES DE VON DER LEYEN CON PFIZER
por redacción
La ombudsman europea, Emily O’Reilly, ha acusado a la presidenta de la COmisión Europea, Ursula von der Leyen, de «mala administración» por no haber ni publicado ni proporcionado unos mensajes de texto relacionados con la negociación de la compra de vacunas a la empresa Pfizer.
La defensora del Pueblo, Emily O’Reilly, ha criticado cómo gestionó la Comisión una solicitud de acceso público a mensajes de texto entre su presidente y el director general de una empresa farmacéutica. Ahora le ha pedido que haga una búsqueda más extensa de los mensajes relevantes.
En respuesta a la solicitud de acceso público de un periodista, la Comisión dijo que no se había llevado ningún registro de dichos mensajes, que estaban relacionados con la compra de vacunas contra el COVID-19. La investigación de la Defensora reveló que la Comisión no pidió explícitamente a la oficina personal de la presidenta (gabinete) que buscara mensajes de texto.
En cambio, le pidió a su gabinete que buscara documentos que cumplieran con los criterios internos de registro de la Comisión; actualmente no se considera que los mensajes de texto cumplan con estos criterios. La defensora consideró que esto equivalía a mala administración.
“La forma limitada en que se trató esta solicitud de acceso público significó que no se intentó identificar si existía algún mensaje de texto. Esto no cumple con las expectativas razonables de transparencia y estándares administrativos en la Comisión”, dijo Emily O’Reilly.
“No es necesario grabar todos los mensajes de texto, pero los mensajes de texto claramente están sujetos a la ley de transparencia de la UE y, por lo tanto, los mensajes de texto relevantes deben grabarse. No es creíble afirmar lo contrario”.
“Cuando se trata del derecho de acceso público a los documentos de la UE, lo que importa es el contenido del documento y no el dispositivo o la forma. Si los mensajes de texto se refieren a políticas y decisiones de la UE, deben tratarse como documentos de la UE. La administración de la UE necesita actualizar sus prácticas de registro de documentos para reflejar esta realidad”.
“El acceso a los documentos de la UE es un derecho fundamental. Si bien este es un tema complejo por muchas razones, las prácticas administrativas de la UE deberían evolucionar y crecer con los tiempos en que vivimos y los métodos modernos que utilizamos para comunicarnos”, dijo la defensora del Pueblo.
La defensora del Pueblo solicitó a la Comisión que solicitara a la oficina personal de la presidenta de la Comisión que buscara de nuevo los mensajes de texto pertinentes. Si se identifican mensajes de texto, la Comisión debe evaluar si cumplen los criterios, según la ley de acceso a los documentos de la UE, para ser publicados.
En abril de 2021, el New York Times publicó un artículo en el que informaba que la presidenta de la Comisión y el director ejecutivo de una empresa farmacéutica habían intercambiado textos relacionados con la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Esto llevó a un periodista a solicitar acceso público a mensajes de texto y otros documentos relacionados con el intercambio. La Comisión identificó tres documentos que se encontraban dentro del alcance de la solicitud: un correo electrónico, una carta y un comunicado de prensa, todos los cuales fueron publicados. El demandante se dirigió al Defensor del Pueblo porque la Comisión no había identificado ningún mensaje de texto.
El Reglamento 1049/2001, que establece el derecho del público a acceder a los documentos de la UE, define un documento como “cualquier contenido, cualquiera que sea su soporte (escrito en papel o almacenado en formato electrónico o como grabación sonora, visual o audiovisual) relativo a un asunto relacionado con las políticas, actividades y decisiones de la competencia de la institución”.
La cuestión de si los mensajes de texto deben registrarse se está abordando en una iniciativa estratégica en curso separada sobre cómo las instituciones de la UE registran los mensajes de texto e instantáneos enviados/recibidos por los miembros del personal en su capacidad profesional.
