El fenómeno no tiene precedentes en los cerca de 75 años de historia del moderno Estado judío y analistas locales no descartan que se prolongue por tiempo indefinido si tampoco las elecciones de esta semana permiten la formación de nuevas mayorías parlamentarias.
Tres son los escenarios posibles, según todas las previsiones.
Los dos primeros son la constitución de coaliciones en torno o en contra del actual primer ministro derechista, Benjamín Netanyahu. El tercero es que ninguna de esas dos posibilidades cuaje y se convoquen nuevos comicios, los quintos en menos de dos años y medio.
«Nada garantiza que no haya que convocar otra vez elecciones, que se celebrarían en septiembre», dice Yohanan Plesner, exdiputado del partido Kadima, de centro izquierda, y actual analista del centro de estudios políticos Instituto para la Democracia de Israel.
Plesner recordó, en un encuentro telemático con periodistas europeos, que «el trasvase de votos» es muy escaso, prácticamente nulo, entre los cuatro grandes grupos de partidos de la política israelí; los de derecha, los de izquierda, los religiosos y los árabes.
Pese a los logros diplomáticos de Netanyahu -entre ellos el reconocimiento por Washington de la dividida Jerusalén como capital de Israel, incluida la parte ocupada de la ciudad, y la normalización de relaciones con algunos países árabes del Golfo-, Plesner piensa que el electorado votará en clave interna.
El analista cree que los asuntos que llevarán a votar serán «la recuperación tras la pandemia y la defensa del imperio de la ley».
También «la relación entre religión y Estado» -siempre polémica por el origen teocrático de Israel-, y «la seguridad», un aspecto de la política local no menos recurrente por la tensión con Irán, bestia negra de Tel Aviv y la potencia islámica de la región, y el conflicto con los palestinos.
Y en esas cuestiones las posturas de los cuatro grupos de partidos están bien definidas cuando no enfrentadas, o difieren poco.
Junto a ese factor, Plesner considera que «la situación judicial de Netanyahu» -procesado por corrupción en casos de fraude, cohecho, y abuso de confianza, cargos que le pueden acarrear hasta un total de diez años de cárcel-, tampoco ayuda a cimentar mayorías.
El partido derechista Likud de Netanyahu es el favorito pero las encuestas le otorgan solo 31 de un total de 120 escaños, por lo que necesitaría al menos otros 30 para liderar una coalición gobernante.
El Likud ya ganó con 36 escaños la última cita electoral, de marzo de 2020, pero su Ejecutivo de unidad nacional con el partido de centro-derecha Azul y Blanco de Benny Gantz, que logró 33, tuvo corto recorrido debido a la ruptura por Netanyahu del acuerdo de Gobierno.
Ese acuerdo establecía una presidencia rotatoria. Netanyahu sería el jefe del gabinete durante 18 meses, y Gantz los 18 siguientes.
Pero la exigencia interpuesta por Netanyahu antes del relevo de que Gantz gobernara con su mismo presupuesto hizo añicos el pacto.
La ruptura de la coalición gubernamental permite a Netanyahu continuar, no obstante, como primer ministro de forma interina.
Para el diplomático Alon Pinkas, antiguo cónsul israelí en Nueva York, la maniobra refleja la estrategia del primer ministro en funciones de conservar el poder político a toda costa para afrontar en mejores condiciones su rendición de cuentas ante la Justicia.
«Todo lo que quiere Netanyahu es seguir en el Gobierno. Cree que así es menos vulnerable y puede defenderse mejor ante la Justicia», dijo Pinkas, contactado telefónicamente por Efe y también antiguo consejero político del fallecido presidente laborista Simón Peres.
«Para él no sería malo que no se alcanzaran nuevas mayorías y otra vez se convocaran elecciones», anotó el diplomático, que explicó en ese caso el primer ministro en funciones podría continuar en el cargo de forma interina, al menos durante otros seis meses.
El actual bucle electoral no es el único fenómeno sin precedentes que se registra en el Estado judío, donde tampoco nunca un primer ministro había permanecido en el puesto 15 años, como Netanyahu.
Netanyahu asimismo es el primer jefe de Gobierno que se sienta en el banquillo de acusados en el ejercicio del cargo; queda por conocer si conseguirá seguir de primer ministro -aunque sea en funciones, como en la actualidad-, cuando la Justicia dicte sentencia. Según las previsiones, el veredicto puede tardar años.
