La Abogacía del Estado intenta parar «in extremis» la declaración del delegado del Gobierno
Arremete contra los informes de la Guardia Civil y contra la juez, e insiste en que no hay prevaricación
«Franco actuó correctamente en el ejercicio de sus competencias y según la información disponible en aquellas fechas», pues hasta el 9 de marzo «ni las autoridades sanitarias sabían cuál era la situación real de Madrid». Así se pronuncia la Abogacía del Estado en un escrito en el que por segunda vez insta al cierre de la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid al considerar que no ha cometido prevaricación. Lejos de alegar sólo razones jurídicas, los servicios jurídicos del Estado cargan de nuevo contra la actuación de la juez Carmen Rodríguez-Medel, a la que acusan de mantener la investigación abierta con fines prospectivos y de iniciar una «búsqueda voraz de indicios de delito, ya sea prevaricación o lesiones por imprudencia» sin dar audiencia a la Fiscalía. Arremete también contra los informes de la Guardia Civil por contener «literatura».
A juicio de la Abogacía del Estado, que intenta «in extremis» parar la declaración de Franco, prevista para este miércoles, hay una «total ausencia de fiabilidad y credibilidad» de los atestados de la Policía Judicial, a la que acusa de incurrir en omisiones e imprecisiones, de realizar «una exposición reduccionista e incompleta» de los hechos y de hacer «lecturas sesgadas y parciales».
«Huérfanas de apoyo»
«Los más de dos mil folios de investigación que han sido necesarios para poder llamar al Delegado del Gobierno como investigado- y hacerlo sin ninguna motivación jurídica que permita conocer por qué se le llama- evidencian que al iniciar las Diligencias Previas no había ningún indicio, y sigue sin haber, como se desprende de los informes encargados para hacer acopio probatorio, sino meras sospechas huérfanas de apoyo».
La Abogacía del Estado critica que la instructora no ha practicado ninguna diligencia de instrucción por sí sola, sino que «todo ha sido encomendado a la Policía Judicial» y con esos informes «se ha pasado de no tener al señor Franco como investigado en el auto de 23 de marzo a citarle en calidad de investigado en la providencia de 25 de mayo de 2020».
