Empleo público en Chile. ¿Un ejemplo a seguir? Por: Juan Ignacio Valenzuela
NOTI-AMERICA.COM (CHILE)
Empleo público en Chile. ¿Un ejemplo a seguir?
Durante décadas, Chile orientó sus esfuerzos a crear una industria propia y crear grandes barreras arancelarias que concentró el poder económico, la degradación de servicios, productos de baja calidad y alto costo. Esto implicó la creación de innumerables puestos de trabajo en el estado para controlar, supervisar, dirigir y administrar, todo con mucho amiguismo, prebendas arancelarias y corrupción.
Asimismo, los cargos púbicos eran muy apetecidos por la casta política que veía en ellos una forma de pagar favores políticos y crear una estructura de poder que eternizar la existencia de partidos y enclaves de captación de ingresos y nuevos cargos públicos.
Durante el gobierno de Allende (1970-1973), la emisión inorgánica de dinero permitió aumentar los sueldos y la planilla de empleados públicos a niveles sin precedentes, muy al estilo de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Argentina, cuyo peso en la economía aumentaba la exigencia sobre la economía real, creando déficits que debía cubrirse con nuevas emisiones de dinero de parte del banco central.
El gobierno Militar, 1973-1990, recibió un país quebrado, empresas estatizadas, balanza de pagos deficitaria, inflación descontrolada y banco central sin reservas.
De las más de 800 empresas expropiadas para colocar a sus partidarios, hubo bancos, servicios públicos, haciendas, restaurantes, empresas productivas y hasta una pequeña fábrica de dulces (marca cri cri) cuyos dueños eran un matrimonio de judíos que huyeron de la 2° guerra mundial y que hoy, a la luz de la historia, se entiende por el antisemitismo de Allende.
La única opción fue adelgazar el estado orientando los esfuerzos de crecimiento del país basado en una economía que pudiese atraer nuevas inversiones, crear empresas, más empleos y, por ende, una mayor recaudación de impuestos para reorientarlos en beneficios a la población y no a grupos de poder políticos.
El periodo 1973-1990, el gobierno militar produjo una profunda reestructuración de la administración pública en Chile, en lo que se ha denominado la reforma de primera generación al Estado y que caracterizó por los recortes al gasto público, liberalización financiera, privatización de empresas estatales, desregulación, la protección de los derechos de propiedad y la apertura de los mercados, modernizando la gestión pública, disminuyendo el burocratismo y el exceso de controles e intervencionismo del sector público. Esto aumentó la operatividad, eficiencia y focalizó el servicio a la ciudadanía.
Se eliminaron los carnés obligatorios para trabajar permitiendo la libertad de las personas para trabajar, sin tener que engordar sindicatos ni grupos de poder político. Se simplificó y unificó los sueldos que eran más de 120 tipos diferentes y que cada estamento público pagaba según su criterio y discrecionalidad.
La Constitución de 1980 estableció el rol subsidiario del Estado. Esto permitió al Estado realizar sólo aquellas actividades económicas que no pudieran ser realizadas por los privados, tales como las relaciones exteriores, la defensa nacional y el ejercicio de los poderes legislativo, entre otros.
El empleo en el sector público disminuye de un 14% del empleo total en 1973 a 6,9% en 1985, generándose enormes ahorros por labores que estaban duplicadas, obsoletas o ineficientes.
En la década de los ochenta (82-84) la economía chilena pasó por un periodo de turbulencias económicas debido a la recesión internacional y la liberación del tipo de cambio. Dentro del Gobierno de Pinochet surgieron voces discordantes y populistas para enfrentar la continuación de las reformas y la pureza de éstas. Hubo roces dentro del gobierno para alterar las bases y objetivos, los cuales, a mediados de los ochenta, con la economía expandiéndose y generando vigorosamente empleo, se alineó nuevamente.
Año 1990 a la Fecha
A partir de los años 90, la clase política, en los sucesivos gobiernos democráticos, empezaron a desdibujar las reformas, introduciendo cambios mal concebidos, tales como la Constitución, los Sistemas de Previsión, Salud, aumento constante de impuestos, reformas laborales y el régimen de inversión extranjera, entre otros.
Con esta vuelta de los gobiernos civiles desde 1990, se comenzó a modificar el sistema a partir del proceso que se denominó de ‘modernización del Estado’ que culminó en el escándalo de sobresueldos en el año 2.000, en la que los gobiernos de izquierda y centro izquierda entregaban abultados pagos secretos y sin ningún tipo de control a empleados públicos.
Lo anterior obligó a la instauración del Sistema de Alta Dirección Pública, sistema que buscaba trasparentar contrataciones, normar sueldos y profesionalizar el empleo público.
El empleo público formal ha crecido moderadamente estos últimos años, pero los cargos temporales y de honorarios y fuera del control de este sistema, representan ya un 26% del total del empleo público.
El aparato publico nuevamente es un centro de poder y agencia de empleos de grupos políticos, ya que hoy Chile, durante el segundo trimestre del 2020, los funcionarios públicos representan un 19% del total de la fuerza laboral del país, incrementándose en los últimos 6 años en un 30%.
En los últimos 7 años, el porcentaje de incremento de los empleados públicos duplicó la expansión del PIB. Es decir, 7 personas deben trabajar para mantener un empleado público con sus impuestos.
Actualmente el 56% de los empleados públicos ganan más de USD1.260 versus solo el 19% de los empleados del mundo privado.
Un 38% del presupuesto general de Chile, se destina a proyectos de gobierno que tienen una baja o nula rentabilidad social. (USD28 mil mdd)
La gota que rebalsó el vaso este mes fue la entrega del bono Covid por 636 dólares a todos los chilenos que hubiesen tenido a lo menos un 30% de pérdida de ingresos. Mas de 37 mil empleados públicos mintieron, es más, 9 mil declararon bajo juramento que no tenían ingresos.
Juan Ignacio Valenzuela. Consultor empresarial y analista internacional
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