En la mesa del poder, los políticos y los abogados siempre se han sentado en la cabecera. Todos llevan trajes a la medida y hablan el mismo lenguaje: el de los negocios y la jurisprudencia.

Los Panama Papers revelaron que el Ministro Asesor, donante de campaña y amigo íntimo del presidente de Panamá, Ramón Fonseca Mora, era el dueño de un bufete dedicado a esconder dinero de poderosos y millonarios del mundo en jurisdicciones como el propio Panamá, Estados Unidos o Islas Vírgenes Británicas: Mossack Fonseca. Pero no era el único. La filtración mostró también que los principales negociadores y voceros diplomáticos del Istmo estaban metidos hasta la coronilla en el negocio de las empresas offshore desde sus firmas de abogados.

Desde entonces, y con la resistencia del gremio, el Gobierno inició el camino para cambiar la cara y alejarse de las juridiscciones oscuras: ordenó disolver sociedades anónimas con diez años sin uso, sancionó una ley para que las entidades mantengan registros contables y, lo más notorio, aceptó la norma sobre intercambio de información fiscal creada por la OCDE. A partir de 2018, cuando el acuerdo entre en vigencia, nada volverá a ser igual: será el fin del secretismo.

Pero los grandes bufetes panameños continuaron gozando los beneficios del poder. Pasan del sector privado al público para manejar desde la política cuestiones en las que tienen interés directo desde el sector privado. El ministro de la Presidencia de Panamá, Álvaro Alemán, es una muestra de esa relación especial.

Alemán asumió junto con el gobierno actual de Juan Carlos Varela, en julio de 2014. Desde entonces, y aún después de publicados los Panamá Papers, el Gobierno otorgó a su firma Icaza, González–Ruiz y Alemán (IGRA) dieciséis contratos por un monto de 1.404.679,34 dólares. En diciembre 2016, ocho meses después de que se conociera la filtración, obtuvo una de sus asesorías más lucrativas con el Ministerio de Economía para orientar, justamente, sobre “la reestructuración del sistema financiero”, por 775.750 mil dólares.

Por ese vacío legal se han colado socios de las principales firmas de abogados del Istmo desde los inicios del Estado, en 1903. Uno de los fundadores del bufete Arias, Fábrega y Fábrega (Arifa) presentó ante la Asamblea de Diputados la ley de sociedades anónimas en 1927. Hoy la firma ofrece soluciones offshore a través de una red internacional. Otro socio, Julio J. Fábrega, integró el primer Gabinete y la Comisión Codificadora que creó los códigos de comercio, administrativo y fiscal.

Es por ello que cuando en diciembre de 2016 se supo que el bufete del ministro Alemán participaba de ese vínculo, la noticia no tuvo mayor repercusión.

El Ministro contratado

El estrecho vínculo de Alemán con el poder político antecede y excede al Gobierno de su amigo Varela. Durante años alternó su posición como socio de IGRA con diferentes cargos públicos. Primero fue subdirector y después director general de ingresos (1992-1994); luego asesor y vicecanciller en el Ministerio de Relaciones Exteriores (2009-2011).

En paralelo, las consultorías de su firma de abogados continuaron: en 2009, asesoró al Ministerio de Economía sobre temas relacionados con las finanzas públicas; un año después, a la Empresa Nacional de Autopistas durante el proceso de adquisición del capital social de ICA Panamá, concesionaria original de la autopista urbana conocida como Corredor Sur, por la que transitan más de sesenta mil vehículos al día.

Asimismo, IGRA obtuvo consultorías con la unidad coordinadora del proyecto de Saneamiento de la Bahía de Panamá, adjudicado a Odebrecht en 2009; con la Secretaría del Metro de Panamá (2011-2012), con el Aeropuerto Internacional de Tocumen (2012-2013) y, nuevamente, con el Ministerio de Economía (2012-2014).

Tras los Panamá Papers, Alemán estuvo en la primera línea de defensa del Gobierno. “No dejaremos que Panamá sea utilizado como un chivo expiatorio”, proclamó durante una conferencia de prensa.

Hay otros bufetes que se han garantizado su cuota de poder en la administración Varela. Tanto el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena Moreno, como Gian Castillero, asesor de Cancillería, aparecen en el listado de abogados de Arifa. Entre las especialidades del Ministro están la “planificación transfronteriza de bienes y estructuras de protección de activos, corporaciones, y servicios offshore”. La misma especialización que Castillero.

En 2015, Alemán otorgó a Arifa un contrato para asesorar al Gobierno durante la compra de las acciones de la empresa encargada del transporte público en la ciudad de Panamá, Mi Bus, por un monto de 588 mil dólares.

En julio pasado, Connectas envió un cuestionario a Alemán donde se le solicitaba información acerca de las contrataciones recibidas por IGRA desde el año 2009 hasta el presente. También se le preguntó acerca de su vinculación con el bufete y sobre de la posibilidad de que estas contrataciones fueran interpretadas como un caso de conflicto de intereses. Al cierre de esta nota, no se había recibido respuesta.

Lo que se sabe es que Alemán y los socios de Arifa son uno más de una lista de abogados que han pasado de sus empresas al Estado sin coto ni rendir cuentas.

Aducen que no existe ilegalidad ni conflicto y que Panamá es un país chico y, por lo tanto, es entendible que los gobiernos busquen gente en las grandes firmas de abogados. Hay especialistas que difieren. Cuando se conocieron los contratos de la firma del ministro Alemán en el Gobierno que integra, el entonces presidente del capítulo local de Transparencia Internacional, Ramón Ricardo Arias, hizo un llamado desde el programa televisivo Radar para que se considere el talento existente en otras “firmas grandes y pequeñas de abogados que pueden prestarle este servicio al Estado”.

Todos en la mesa

El tándem conformado por integrantes de las principales firmas y las altas esferas gubernamentales forma parte de una simbiosis mucho más amplia entre intereses políticos, económicos y sociales. El presidente Juan Carlos Varela conoció a Alemán y a su ministro de Economía, Dulcidio De La Guardia, en el Colegio Javier, que supo ser una especie de «incubadora” de referentes de la política y del sector privado en Panamá.

Varela y De La Guardia son de la misma promoción. Al graduarse, Dulcidio estudió en Estados Unidos y luego inició una carrera como banquero hasta llegar a convertirse en director financiero del Grupo Morgan & Morgan. Su vínculo con el despacho encendió las alarmas de la opinión pública en marzo de 2017, por un contrato directo de 200 mil dólares para que el estudio jurídico brindara asesoría en “aspectos administrativos para la ejecución del Proyecto de la Línea 2 del Metro de Panamá”. De La Guardia aún no firma ese contrato por los cuestionamientos que desencadenó.

Además de De La Guardia, Morgan & Morgan está representado en el Gabinete por el vicecanciller y también ex alumno del Javier, Luis Miguel Hincapié, y por el asesor Raúl Castro de la Guardia, que han participado en misiones diplomáticas en Francia y a Colombia. En mayo del 2016 Hincapié negoció en París la entrada del Istmo a una iniciativa para compartir información fiscal con otros países. Un año antes, Castro de la Guardia viajó como “embajador en misión especial” para discutir un convenio de doble tributación con el Gobierno de Colombia.

Especialistas sostienen que este vínculo encarnizado plantea un problema para el adecuado funcionamiento del sistema democrático. “Aquellos que tienen una participación importante en el sector forense y que van a ejercer una función en el Gobierno, puede que no sepan cómo separar sus intereses como abogados de su rol como funcionarios públicos”, plantea Carlos Guevara Mann, profesor de Ciencias Políticas en Florida State University.

Los históricos

La mecánica es una tradición. De acuerdo con Guevara Mann, desde antes del nacimiento de la República el poder recluta a los altos funcionarios entre el gremio. Así ocurrió en 1910, cuando Carlos A. Mendoza se convirtió en el primero de tres abogados en ocupar consecutivamente la presidencia.

Desde el retorno de la democracia a la fecha, 41 letrados han integrado los diferentes gabinetes. En opinión de Rodrigo Noriega, especialista en derecho internacional y columnista, esta influencia ha permitido el secuestro de ciertos sectores de la economía desde los niveles más altos.

¿Qué riesgos plantea este Estado fallido? La dependencia en redes complejas de vínculos sociales y empresariales, en las que los estudios principales constituyen un eslabón fundamental, puede minar los esfuerzos que buscan encaminar al país hacia la transparencia.

“Aquí no se ha querido entender que llegó la hora de dejar a un lado una serie de prácticas que son contrarias al Estado de derecho. Nosotros no tenemos que andar por ahí vendiendo offshores, ni facilitarle nada a ningún delincuente”, puntualiza el catedrático Miguel Antonio Bernal, un abogado constitucionalista que cuestiona las prácticas turbias que han perpetuado algunos de sus colegas.