La audiencia se basa en un tratado bilateral que el gobierno del presidente Donald Trump rescindió la semana pasada. A pesar de eso, Estados Unidos envió una enorme delegación legal a la sede de la corte en La Haya para presentar sus objeciones al caso, que Teherán inició en 2016.
Richard Visek, abogado del Departamento de Estado, dijo el lunes al panel de 15 jueces que las objeciones estadounidenses en cuanto a la jurisdicción del tribunal “ofrecen un fundamento claro para determinar que este caso no debe proceder”.
Agregó que el caso se basa en una “conducta malintencionada” de Irán, un país que desde hace mucho Washington ha calificado como un estado patrocinador del terrorismo alrededor del mundo. Irán niega esa acusación.
“Al inicio, debemos tener claro de qué trata este caso”, afirmó Visek. “Las acciones en el fondo del caso se centran en el apoyo de Irán al terrorismo internacional y sus quejas sobre el marco legal de Estados Unidos que permite que las víctimas del terrorismo hagan responsables a Irán para procesos judiciales y reciban compensaciones por sus terribles pérdidas”.
El incidente en el centro del caso fue un ataque suicida con bomba contra una barraca de la Marina estadounidense en Beirut en octubre de 1983, que mató a 241 militares e hirió a muchos más. Una corte en Estados Unidos falló que el ataque fue perpetrado por un agente iraní apoyado por el grupo miliciano Jezbolá.
En 2016, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó que bienes iraníes con un valor aproximado de 2.000 millones de dólares que habían sido congelados en Estados Unidos, fueran pagados como compensación a los parientes de las víctimas de ataques, incluido el de Beirut.
Irán presentará sus argumentos esta semana. Si el caso procede, pasarán años antes de que se emita un fallo.
Los fallos de la Corte Internacional de Justicia son inapelables y jurídicamente vinculantes.
