REDACCI\u00d3N NOTI-AM\u00c9RICA (ECUADOR)<\/p>\n
\u00cdndira Gorety C. S. fue sentenciada a ocho a\u00f1os de reclusi\u00f3n menor ordinaria, como autora del delito de peculado, en el caso conocido como desv\u00edo de fondos del Ministerio del Ambiente. La decisi\u00f3n fue anunciada por la Sala Penal \u00danica de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en la reinstalaci\u00f3n de la audiencia de apelaci\u00f3n, este 25 de junio de 2019.<\/p>\n
El Tribunal de Alzada utiliz\u00f3 los alegatos presentados por el fiscal Gustavo Ben\u00edtez, de la Unidad Especializada de Investigaci\u00f3n (Unidot). Sus argumentos rompieron el estado de inocencia de la exdirectora Financiera del Ministerio del Ambiente y responsable directa de la cuenta eSIGEF (Sistema Integrado de Gesti\u00f3n Financiera) asignada a dicha cartera de Estado.<\/p>\n
As\u00ed se revoc\u00f3 la sentencia que la consider\u00f3 inocente y que fue dictada por el Tercer Tribunal de Garant\u00edas Penales de Pichincha, el 4 de febrero de 2014.<\/p>\n
Igual suerte corrieron Ana de Lourdes L. M. y Ruth Alexandra Z. C., excontadora y extesorera encargadas, respectivamente, del Ministerio. La Sala Penal revoc\u00f3 el estado de inocencia y complicidad y las declar\u00f3 autoras de peculado.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda investig\u00f3 este caso con base en un Informe de Indicios de Responsabilidad Penal (IIRP) de la Contralor\u00eda General del Estado. En primera instancia, junto con abundantes pruebas recolectadas en la investigaci\u00f3n, alcanz\u00f3 sentencias condenatorias (autores y c\u00f3mplices) para 47 ciudadanos, entre funcionarios p\u00fablicos y civiles. Tambi\u00e9n se declararon inocencias.<\/p>\n
En el actual recurso de apelaci\u00f3n, la sentencia mixta de la Sala Penal \u00danica qued\u00f3 de la siguiente manera: veintid\u00f3s personas condenadas como autoras, seis como c\u00f3mplices, dieciocho declaratorias de inocencia y una extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por el fallecimiento, debido a causas naturales, de un procesado. Orden\u00f3 adem\u00e1s abrir nuevas investigaciones a otros cinco presuntos participantes, ya que el delito de peculado no prescribe.<\/p>\n
Entre el 1 y el 24 de mayo de 2012, desde la cuenta del Ministerio del Ambiente se efectuaron 79 transacciones bancarias a 41 cuentas de terceros, sin documentos que respalden prestaciones de servicios. En esas tres semanas se desfalcaron 7\u2019360.798 d\u00f3lares con 75 centavos del erario p\u00fablico.<\/p>\n
La manera de actuar se dividi\u00f3 en tres fases. La primera fue el desfalco con intenci\u00f3n de lucro a favor de terceros, por parte de las funcionarias del Ministerio. En los primeros d\u00edas de mayo, \u00cdndira Gorety C. S., oblig\u00f3, bajo amenaza de perder sus trabajos, a la contadora y tesorera titulares (Mar\u00eda Amparo G. P. y Miriam Patricia M. A.) a tomar vacaciones y entregar sus claves eSIGEF a Ana de Lourdes L. M. y Ruth Alexandra Z. C. Las dos fueron ascendidas de forma verbal, y despu\u00e9s a trav\u00e9s de memos, pese a que no cumpl\u00edan con los perfiles.<\/p>\n
Entonces se realizaron las transacciones de la cuenta espec\u00edfica \u201cFondos a terceros\u201d, bajo el rubro \u201cdevoluci\u00f3n de valores mal depositados\u201d (pagos por proyectos desechos) sin respaldos documentales.<\/p>\n
El segundo paso fue facilitar el traslado del dinero del Ministerio a las 41 cuentas de terceras personas, en 79 transferencias, con montos entre 60.000 y 400.000 d\u00f3lares. Para dicho efecto se detect\u00f3 (y sentenci\u00f3) a un grupo de personas encargadas de reclutar a quienes facilitaron sus cuentas para recibir las transferencias. Varios prestadores de sus cuentas cobraron comisiones entre 5.000 y 8.000 d\u00f3lares, es decir, del 5% al 8% por cada transferencia recibida.<\/p>\n
Sin embargo, hubo personas enga\u00f1adas con la promesa de inversiones extranjeras en sus negocios familiares. Una vez depositado el dinero en sus cuentas, los \u201cinversionistas\u201d terminaban con cualquier pretexto la sociedad comercial adquirida de palabra o con contratos falsos, y exig\u00edan la devoluci\u00f3n del dinero en efectivo.<\/p>\n
Por \u00faltimo est\u00e1 la fase de consumaci\u00f3n. Cuando estaban ejecutadas las transferencias, los recaudadores, entre ellos Crist\u00f3bal Rigoberto L. V. (sentenciado en primera instancia a doce a\u00f1os de prisi\u00f3n), ordenaban a los terceros el retiro inmediato de los valores y su entrega en efectivo. De esta manera, el dinero p\u00fablico no permanec\u00eda m\u00e1s de doce horas en el sistema financiero. Por su actuaci\u00f3n, el recaudador recibi\u00f3 una comisi\u00f3n del 35% del monto total desfalcado.<\/p>\n
Como el delito de peculado se cometi\u00f3 antes de la vigencia del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), en la investigaci\u00f3n fiscal y en los fallos de los jueces, se aplic\u00f3 el art\u00edculo 257, inciso primero, del C\u00f3digo Penal, puesto que los sentenciados habr\u00edan dispuesto arbitrariamente de fondos p\u00fablicos en provecho personal o de terceros, con fines extra\u00f1os al servicio p\u00fablico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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