Con 84 votos la Asamblea Nacional aprueba Ley para fortalecer el sistema penitenciario y enfrentar la crisis carcelaria
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
Asamblea Nacional aprueba Ley para fortalecer el sistema penitenciario y enfrentar la crisis carcelaria
La Asamblea Nacional, con 84 votos afirmativos, aprobó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, impulsado por la Comisión de Seguridad Integral. La iniciativa busca restablecer el control institucional del Estado sobre las cárceles, evitar la reorganización del crimen desde los centros penitenciarios y garantizar que la ejecución de las penas se cumpla dentro de un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos.
Las reformas planteadas constituyen una respuesta normativa integral frente a la crisis penitenciaria, orientada a fortalecer la institucionalidad del sistema, reducir la influencia del crimen organizado en las cárceles y garantizar que la ejecución de las penas se desarrolle dentro de un marco de seguridad, legalidad y respeto a los derechos humanos
Durante la sesión del Pleno, realizada en la Universidad Católica de Cuenca, la presidenta de la mesa, Inés Alarcón, presentó la moción para aprobar el texto íntegro.
“Hoy quiero decirles, compañeros legisladores, que nosotros presentamos esta reforma con pilares fundamentales, porque entendemos que necesitamos inteligencia penitenciaria, capacitación para nuestros guías penitenciarios, profesionalización y requisitos mínimos de ingreso, como pruebas de confianza. Entendemos también que necesitamos el uso legítimo de la fuerza, así como la cooperación militar y policial para tratar de cubrir el déficit de guías penitenciarios”, aseguró
Entre los principales ejes de la reforma, la legisladora destacó el fortalecimiento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria como una entidad especializada, civil, armada y jerarquizada; la creación de grupos especiales de intervención para atender crisis y restablecer el orden; y la clasificación de los centros penitenciarios y de las personas privadas de libertad según niveles de seguridad y riesgo.
Asimismo, se establece la implementación de un régimen especial para personas privadas de libertad de alta peligrosidad, junto con el fortalecimiento del sistema de inteligencia penitenciaria para prevenir la violencia y desarticular estructuras criminales.
La norma también incorpora reformas al régimen disciplinario para combatir la corrupción dentro del sistema, así como una disposición transitoria para implementar y promover políticas de trabajo penitenciario orientadas a la rehabilitación y reinserción social.
En este contexto, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) deberá ejecutar estas políticas en un plazo máximo de 36 meses, conforme a criterios técnicos de seguridad, salud, aptitud y régimen de rehabilitación. “No hay otra forma de lograr la rehabilitación que a través de la dignificación de las personas mediante el trabajo”, ratificó Alarcón.
Por su parte, Lucía Jaramillo señaló que el objetivo de la reforma es claro: que las cárceles y las personas privadas de libertad estén bajo el control pleno del Estado ecuatoriano, como nunca debió dejar de ser. “Durante años, las cárceles dejaron de ser centros de rehabilitación para convertirse en espacios de operación del crimen organizado”, dijo.
En la misma línea, Ana Belén Tapia afirmó que existe una responsabilidad con el pueblo ecuatoriano de recuperar la seguridad, garantizar un sistema penitenciario funcional y construir un país donde las futuras generaciones puedan vivir en paz.
