Polémica adjudicación en Santa Elena ¿Habría nuevo tráfico de tierras?
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
Al momento camión con materiales para continuar con labores del cercado con alambrada.
El proyecto de energía fotovoltaica, ubicado en Santa Elena, del consorcio GPS se está levantando en terrenos en litigio. La empresa Cacao Nacional San Birituti ha puesto una demanda en la Fiscalía porque, dice, le han traspasado ilegalmente 140 hectáreas de dicha compañía a la señora de 89 años, Graciela Legarda, y esta a su vez le vendió a EWH Servicios Legales, de Ernesto Weisson, el terreno, que está ubicdo en Río Verde, Santa Elena.
Legarda es madre de Mauro Intriago, quien trabaja en GPS, un consocio formado por un grupo de empresas, algunas de las cuales tienen poco capital y pocas ventas, pero que ha logrado captar millonarios recursos del mercado de valores a través de obligaciones. Esquemas similares se ha usado en otros casos para tomarse ilegalmente terrenos.
Green Energy Constructions & Integration y de Import Green Power Technology, Equipment & Machinery Item, pertenecientes a GPS, han realizado 6 emisiones en total. Parte de estos recursos son utilizados por el producto estrella del grupo: el proyecto está levantándose en un terreno en litigio. Incluso han dicho que la energía fotovoltaica será vendida a la Empresa Pública Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP)
Las casas de valores que hicieron el prospecto y colocaron los papeles en el mercado son Intervalores y Advfin, ambas también están acusadas de haber realizado operaciones que derivaron en impagos de inversiones realizadas por el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
Solo Green Energy Constructions & Integration ha emitido 12’150.000 dólares en obligaciones de largo plazo ¿Cómo van a recuperar ese dinero los inversionistas cuando el terreno le sea devuelto a quien reclama el predio?
A través de Import Green Power Technology, Equipment & Machinery Item, el consorcio GPS sacó otros 10,7 millones de dólares a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil.
Respecto del terreno en litigio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) solo tiene competencia para adjudicar tierras baldías (que pertenecen al Estado). “La escritura de 1998 (Ficha 27577) prueba que ese terreno, de acuerdo a Ley de Comunas, fue adjudicado a la Comuna de Río Verde en 1983 y por tanto dejó de ser baldío hace 43 años. Por lo tanto, cualquier adjudicación posterior del MAG, sobre la misma coordenada, es nula de pleno derecho, porque el Estado no puede regalar lo que ya no le pertenece, sostiene San Biritute. Es decir, con este detalle es ilegal la adjudicación a la señora Legarda.
La adjudicación a Legarda se basó en un certificado de no afectación, no se fundamentó en los propios registros del MAG, ni los municipales ni del Registrador de la Propiedad, sino “espuriamente en un informe de la Subsecretaría de Acuacultura”.
“La adjudicataria comete un delito de falsedad ideológica al mentir que se encuentra posesionada pacífica e ininterrumpidamente hace más de treinta años en el predio”.
Hay otra “anomalía”. La Subsecretaría de Tierras (SISCAT) emite el 12 de junio del 2024 un avalúo de $ 21,60 por hectárea, para una área que hoy comercialmente se cotiza en precios entre $8.000 a $12.000 por hectárea. Sólo esto demuestra el perjuicio que se causaría al Estado y demuestra que la adjudicación es “fraguada y nula”, indica el denunciante.
