Falta de independencia judicial y autoridades titulares preocupa a expertos

NOTI-AMERICA.COM | ECUADOR.

Walter Suárez, catedrático universitario y exfiscal del Guayas.

La crisis de seguridad que vive el país tiene una raíz más profunda que la violencia en las calles y está vinculada al debilitamiento del sistema de justicia. Así lo sostuvo Walter Suárez Farías, director de la carrera de Derecho de la Universidad de Guayaquil, quien alertó sobre una institucionalidad judicial sometida a presiones políticas y a la influencia del crimen organizado.

Durante su análisis, el jurista puso la lupa sobre el Consejo de la Judicatura y los cuestionamientos que han marcado su gestión en los últimos meses. Señaló que, pese a los operativos y capturas ejecutadas por las fuerzas del orden contra líderes criminales, los procesos judiciales no avanzan con la misma contundencia, lo que termina neutralizando los esfuerzos contra la delincuencia.

Suárez advirtió que esta situación ha generado un escenario de desconfianza generalizada y una sensación permanente de inseguridad entre los ciudadanos. A su criterio, la falta de respuestas firmes desde la justicia evidencia un sistema fragmentado, incapaz de actuar con autonomía frente a intereses externos.

Uno de los factores que agrava esta crisis, dijo, es la ausencia de autoridades titulares en cargos estratégicos. Recordó que el país continúa con un fiscal general encargado desde hace más de un año y medio, ante la imposibilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), de concretar una designación definitiva, lo que mantiene al Estado en una prolongada situación de interinidad.

Finalmente, el abogado se refirió a los cuestionamientos dentro de la Judicatura, como el caso de Mario Godoy, cuya renuncia ha sido solicitada por varios colegios de abogados tras la filtración de audios que evidenciarían presiones a jueces. Aunque planteó que la salida de fondo pasa por una reforma estructural que incluya la eliminación del CPCCS y del propio Consejo de la Judicatura, reconoció que los cambios constitucionales toman tiempo y que las consultas populares suelen convertirse en un termómetro político del gobierno de turno.