Corte Constitucional podría abrir la puerta al aborto sin restricciones en Ecuador

REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)

Edificio Corte Constitucional

El estudio jurídico Dignidad y Derecho, especializado en la defensa técnica y jurídica de los derechos humanos, alerta a la opinión pública sobre la inminente decisión de la Corte Constitucional en el caso 41-22-IN. Este proceso judicial abarca 12 demandas presentadas por organizaciones abortistas que buscan ampliar las condiciones del aborto en Ecuador, en el marco de la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo (LORIVE). 

Decisiones previas de la Corte: Un camino hacia el aborto libre

En el último año, la Corte Constitucional ha emitido resoluciones que han modificado significativamente la regulación del aborto en el país, debilitando derechos fundamentales y favoreciendo la agenda de grupos abortistas. Entre sus decisiones se incluyen:

• Negación de la demanda de inconstitucionalidad presentada por grupos provida.
• Aceptación de 12 de las 13 demandas promovidas por organizaciones proaborto.
• Autorización para que menores de edad aborten sin el consentimiento de sus padres.
• Eliminación de la objeción de conciencia institucional y restricciones a la objeción personal del personal de salud.
• Suspensión de los requisitos establecidos en la LORIVE, permitiendo en la práctica el aborto sin restricciones.

Los derechos de las ecuatorianas en juego

Si la Corte mantiene esta tendencia, las nuevas modificaciones podrían vulnerar derechos constitucionales esenciales, como:

• El derecho a la vida desde la concepción, protegido por el artículo 45 de la Constitución.
• La patria potestad, permitiendo que menores accedan al aborto sin el consentimiento de sus padres.
• La objeción de conciencia del personal de salud, restringiendo su derecho a negarse a participar en abortos por convicciones éticas o religiosas.
• El establecimiento de barreras para la investigación del delito de violación, favoreciendo la impunidad de los agresores.
• La eliminación de disposiciones que protegen la vida de la mujer que busca el aborto y la eliminación de brindarle alternativas, socavando su consentimiento informado.

Lo que decidirá la Corte

En las próximas semanas, la Corte se pronunciará sobre cuestiones fundamentales en la regulación del aborto, entre ellas:

• • Restricción o eliminación de la objeción de conciencia para médicos y personal de salud.
  • Prohibición de la objeción institucional por libertad de ideario en clínicas y hospitales.

• Ampliación del plazo gestacional permitido para abortar, actualmente fijado en 12 semanas.

• Eliminación de requisitos para la interrupción del embarazo, incluido el consentimiento informado.
• Supresión de la ecografía obligatoria, poniendo en riesgo la salud de la mujer.
• Eliminación del requisito de denuncia, dificultando la protección de víctimas de violación.

Actualmente, más de 20 organizaciones feministas internacionales ejercen presión sobre la Corte Constitucional para que legalice el aborto sin restricciones en Ecuador.

Frente a este escenario, Dignidad y derecho ha impulsado diversas acciones legales para defender los derechos fundamentales. Entre ellas: Solicitud de revocatoria de medidas cautelares, que han permitido la flexibilización del aborto. Presentación de amicus curiae (Amigos de la Corte que presentan Informe) con argumentos científicos y técnicos en respaldo de la LORIVE. Recusación de jueces constitucionales, cuestionando su imparcialidad en este y otros casos relacionados con el aborto. Sin embargo, la Corte rechazó el único pedido de recusación dentro del caso 38-19-AN, argumentando que Dignidad & derecho no tiene legitimidad en calidad de amicus curiae.

«La Corte Constitucional tiene en sus manos una decisión que puede marcar el futuro de la protección a la vida en Ecuador. Pedimos a los jueces actuar con base en la evidencia científica, la bioética y el respeto a la Constitución, que en su artículo 45 protege la vida desde la concepción. No podemos permitir que presiones ideológicas extranjeras definan el futuro de nuestro país y de nuestras familias», dice María de Lourdes Maldonado, presidenta de Dignidad y derecho.

 Decisiones de la CC: Un riesgo para la vida, la familia y la educación

Las recientes resoluciones de la Corte han afectado valores fundamentales de la sociedad ecuatoriana, debilitando el derecho a la vida, la estabilidad familiar, la educación integral y la libertad de pensamiento en las comunidades educativas. Casos como 38-19-AN (aborto por violación y aborto eugenésico), 2307-22-JP (reproducción asistida) y 95-18-EP (identidad de género en menores y discriminación en el sistema educativo) demuestran una tendencia a legislar sobre temas sensibles sin un sustento bioético o científico adecuado, generando fragmentación social.

Sobre el aborto sin restricciones: Caso 38-19-AN. La flexibilización del aborto en Ecuador ha llevado a la práctica de este procedimiento sin requisitos ni regulaciones claras. La Corte ha debilitado el derecho constitucional a la vida desde la concepción, eliminando restricciones esenciales como el consentimiento parental para menores de edad y restringiendo la objeción de conciencia del personal de salud, obligándolo a participar en procedimientos que podrían ir en contra de sus conocimientos científicos y sus principios éticos y religiosos.

Sobre la reproducción asistida sin regulaciones: Caso 2307-22-JP. Este fallo abre la puerta a la comercialización de la vida humana, la instrumentalización de la mujer y la falta de protección jurídica para los embriones. Se prioriza el deseo de los adultos sobre los derechos de los niños, alterando el concepto de filiación y paternidad sin un debate ético suficiente.

Sobre la niñez trans: Caso 95-18-EP. El fallo obliga a todas las instituciones educativas, públicas y privadas, a implementar protocolos de identidad de género sin requerir un respaldo médico y psicológico adecuado. Esta decisión vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores y creencias, imponiendo una agenda ideológica en el sistema educativo.

Según el Informe Cass del Reino Unido, un alto porcentaje de menores con disforia de género tiene antecedentes de salud mental, y entre el 80% y el 95% superan la disforia sin intervenciones médicas. Sin embargo, la Corte ha ignorado estos datos, permitiendo políticas que pueden tener consecuencias irreversibles en el bienestar físico y emocional de los niños.

Las decisiones de la Corte imponen cambios radicales sin un consenso nacional, generando conflictos en el sistema educativo, el sector salud y la estructura familiar. Esta imposición ideológica, desconectada de la realidad del país y sin evaluar sus consecuencias a futuro, amenaza la cohesión social y acelera la fragmentación en Ecuador.