Correísmo. Social Cristiano y Pachakutik no alcanzaron los votos para destituir a Palencia
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
La Asamblea Nacional desarrolló el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, por presunto incumplimiento de funciones, en torno a la falta de información sobre el denominado Plan Fénix, así como la falta de prevención para evitar la fuga de criminales peligrosos y el incremento de los niveles de violencia en el país.
Al respecto, la moción presentada por la legisladora Paola Cabezas para la censura y destitución obtuvo 77 votos afirmativos, 40 negativos y 16 abstenciones, por tanto no fue aprobada. Previo a esta decisión, los interpelantes Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas presentaron los argumentos para demostrar sus acusaciones en contra de la funcionaria.
Leonardo Berrezueta subrayó que, lo que está en juego en el juicio político es el futuro de la democracia en Ecuador. Añadió que “la ministra Mónica Palencia no ha presentado pruebas que desvirtúen su responsabilidad, por el contrario, la misma información presentada por la funcionaria demuestra el incumplimiento de funciones”.
De su lado, Paola Cabezas aseguró que el país merece verdad, justicia y reparación por las muertes violentas que siguen en aumento en el país. “Este es un juicio político ciudadano, que busca transparentar las acciones de una Ministra que no ha cumplido los decretos emitidos por el Presidente de la República en lo que tiene que ver con el manejo de la política de seguridad y que no ha utilizado los ingresos del incremento del IVA para este fin.
En su intervención, la ministra Mónica Palencia enfatizó la importancia de las pruebas concretas en cualquier juicio de valor, y rechazó las acusaciones en su contra. Además presentó los logros del Plan Nacional de Desarrollo en materia de seguridad, destacando las metas para reducir los homicidios intencionales y mejorar la convivencia pacífica en el país. En este aspecto, señaló que la meta establecida a seguridad, dentro del eje social al 2025, es reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes.
En esta fase del debate, el asambleísta Adrián Castro dijo que ya es hora de mostrar los nombres y apellidos de los jueces y fiscales que están dejando libres a delincuentes. Adriana García expresó que el proceso de juicio político impulsado por los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas carece de transparencia desde su origen. Ramiro Vela criticó que la seguridad se ha convertido en un privilegio, cuando en realidad debe ser un derecho para todos.
Ronal González cuestionó la eficacia del plan, calificándolo de superficial y presentó cifras que demuestran un aumento de la criminalidad. Sofía Sánchez se refirió a la falta de recursos asignados a su provincia para seguridad, a pesar del incremento del IVA. Por su parte, Juan Carlos Camacho enfatizó la importancia de ser efectivos en la fiscalización, reconociendo que los datos presentados no reflejan la realidad en las provincias.
Luzmila Abad describió cómo la criminalidad afecta gravemente a los jóvenes, quienes son reclutados por bandas delictivas. María Fernanda Araujo subrayó que el Plan Fénix no logra proteger a los ciudadanos. Pamela Aguirre defendió el proceso del juicio político que ha sido transparente, en cumplimiento de la ley. Por último, Vicente Taiano calificó el Plan Fénix como una entelequia y cuestionó la gestión de la seguridad en el país.