REDACCIÓN NOT-AMÉRICA (ECUADOR)
Instalaciones del ITT en la Amazonía ecuatoriana.
La tensión en la Amazonía ecuatoriana se intensifica. Las comunidades, que durante años han convivido en relativa armonía con la naturaleza y las operaciones petroleras, ahora enfrentan una crisis marcada por la intervención de organizaciones externas que buscan imponer su agenda, dejando a los habitantes en una situación de incertidumbre y preocupación.
Los habitantes de la Amazonía ecuatoriana enfrentan la manipulación de organizaciones externas y luchan por mantener su soberanía frente a los intereses petroleros y ambientales.
La Amazonía ecuatoriana ha sido, por décadas, una región marcada por la coexistencia entre la explotación petrolera y las comunidades indígenas. Sin embargo, en los últimos tiempos, este frágil equilibrio se ha visto amenazado por la intervención de organizaciones externas que, bajo el manto de la defensa medioambiental, han manipulado a las comunidades locales para servir a sus propios intereses.
En una reciente declaración, Enkemo Kehuanto Gabamo, Líder de la Comunidad Waorani de Kawymeno en el cantón Aguarico provincia de Orellana, expresó su frustración ante la situación actual. «Nosotros como comunidad vivíamos bien, trabajábamos bien, pero en la última hora todo ha cambiado porque salimos de este tema. «Ustedes saben lo que gente de afuera quiere, pero nosotros no permitimos que entren en nuestras tierras», afirmó con preocupación».
La presencia de estas organizaciones ha generado un ambiente de desconfianza y caos. Según los testimonios de los líderes locales, estas entidades han utilizado tácticas como la desinformación y la manipulación de los hechos para crear un clima de tensión en la región. «No hay donde trabajar, no hay donde mantener a nuestras familias. Estamos bastante preocupados», añade Enkemo Kehuanto, subrayando la precariedad en la que se encuentran actualmente.
Dirigente y habitantes del sector del ITT visitan las instalaciones.
Agrega que se ha presentado el petitorio de medidas cautelares por representantes de las comunidades Waorani Kawymeno y Kichwa Boca Tiputini. Estas comunidades solicitan la suspensión de actividades relacionadas con el desmantelamiento del Bloque 43 ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) en el Parque Nacional Yasuní, llevado a cabo por EP Petroecuador. Las comunidades argumentan que el cierre del bloque, sin una consulta previa y sin su consentimiento, violaría sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida digna.
La situación se agrava aún más con la reciente ola de violencia. La comunidad denuncia que el conflicto ha cobrado vidas, y que los responsables aún no han sido llevados ante la justicia. «Siete muertos, y nadie asume la responsabilidad. Somos nosotros quienes pagamos el precio», declaró el líder de la Comunidad Waorani.
Dirigente amazonico conversa con funcionario del ITT
La relación entre las comunidades y las empresas petroleras es compleja. Si bien estas compañías han traído consigo oportunidades de empleo y desarrollo, también han sido fuente de conflictos.
Las comunidades demandan que se respeten sus derechos y que las operaciones continúen de manera que no perjudiquen su entorno ni su modo de vida. «Nosotros somos derechos, obligamos que las comunidades queden con el convenio, no con las organizaciones externas», recalcó Gabamo.
El descontento también se dirige hacia el gobierno y las autoridades locales. A pesar de las promesas de apoyo y desarrollo, muchas de las comunidades siguen esperando la implementación de proyectos de salud, educación y vivienda que fueron acordados en los convenios firmados. «Todavía no hemos recibido lo que nos prometieron. Hay preocupación en las comunidades», lamentó Enkemo Kehuanto.
La situación en la Amazonía ecuatoriana es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta el país: la necesidad de balancear el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. La pregunta que surge es, ¿Cómo puede Ecuador asegurar un futuro sostenible para todos, sin sacrificar los derechos de sus ciudadanos más vulnerables?
Fuente: prensa.ec