Denuncian acoso laboral en la Unidad de Talento Humano de la Judicatura
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR).
Edificio judicial Valdivia ubicado al sur de Guayaquil.
El abuso de poder en la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas ha sido señalado como un problema persistente y ampliamente conocido. Según denuncias, varios funcionarios, incluida la directora de Talento Humano en Guayas, María Cevallos, estarían realizando cambios arbitrarios en las unidades judiciales de la provincia sin respetar la antigüedad ni los cargos de los titulares, lo que ha retrasado la administración de justicia.
Una de las denuncias más recientes fue presentada el pasado 21 de mayo en la dirección matriz de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, en Quito. La abogada Patricia Santana Sen Sang, quien cuenta con un nombramiento definitivo tipo 2 como asistente administrativa corporativa y más de 21 años de servicio, es la denunciante. Según Santana, mientras cumplía funciones en el área de Información de la Unidad Judicial Sur Valdivia, fue víctima de acoso laboral y discriminación por parte de dos funcionarias operativas: Emma Aracely Mejía Zambrano y Andrea Suárez.
La abogada sostiene que el acoso consistió en la sobrecarga de trabajo y en cambios realizados en las ventanillas sin previo aviso ni coordinación, lo que resultó en la acumulación de escritos y el consiguiente retraso en el despacho. El 17 de mayo de este año, Santana fue trasladada, mediante acción de personal, a la Unidad Provincial Administrativa, pero al llegar, no encontró un lugar para desempeñar sus nuevas funciones.
Santana reportó la situación a la entonces directora de Talento Humano, Gloria Salazar, quien, según la denuncia, no tomó ninguna acción al respecto.
Otro funcionario, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, acusó a la directora de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en Guayas de ordenar el cierre de las puertas de la unidad, impidiendo el acceso tanto a los empleados como a la ciudadanía. Jueces y secretarios de juzgados, tribunales y salas han expresado su descontento por los malos tratos, y además de Cevallos, señalan a Diana Potes, una analista administrativa que, según informes, ingresó con un contrato el 1 de octubre de 2023 y, en un mes, ya habría recibido un nombramiento provisional, en aparente violación de la normativa vigente.
Las denuncias también mencionan que ambas funcionarias carecen de conocimientos sobre contrataciones y movimientos de personal, lo que ha causado múltiples problemas, particularmente en el área de pagos. Según las regulaciones, las notificaciones de terminación de contratos deben hacerse el día 25 de cada mes; sin embargo, estas son comunicadas el último día del mes, lo que provoca pagos indebidos cuando los empleados ya no están en funciones, además de dejar vacantes áreas críticas debido a la falta de coordinación.
