Comisión de Justicia socializa 43 iniciativas legislativas para la reforma penal
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
La Comisión de Justicia amplía la socialización del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Allí estuvieron los legisladores Jorge Acaiturri y Gissela Garzón; Ricardo Morales, especialista en rehabilitación social; Hugo Echeverría, experto en Derecho Penal Ambiental; y, Soledad Angus, experta en temas de Género, Niñez y Adolescencia.
Jorge Acaiturri explicó que su proyecto crea herramientas para sancionar de manera oportuna a los responsables de actos delincuenciales, como son los vacunadores, extorsionadores, asesinatos y otros actos criminales. Fue enfático en expresar que la reforma busca que no haya forma de interpretar el COIP a favor de los delincuentes y asegurar que cumplan las sentencias y evitar que obtengan la libertad por mala gestión de los operadores de justicia.
Expresó su preocupación por gravísima situación que vive el país, por motivo de la extorsión o vacuna que ha crecido entre el 2022 y 2023 en el 300 %, atemorizando a la población que en muchos casos se ha visto obligada a emigrar. Explicó que con el proyecto se busca dotar a las autoridades con un marco jurídico adecuado al tipo de delitos que se cometen, ante los avances de la delincuencia.
Ricardo Morales señaló que la crisis de seguridad penitenciaria y seguridad ciudadana se agravó en los últimos años, con un sistema penitenciario que atraviesa enormes deficiencias y que tienen que ver sin duda con el control y manejo de la seguridad de los centros de privación de libertad y que hoy, cuando hay decisión política y operativa, se lo puede hacer si existe unidad de actuación, transparencia y poder de decisión, a la vez consideró necesario reestructurar el sistema penitenciario
Expresó que la seguridad penitenciaria, se apoya en tres pilares: seguridad estructural, que es la edificación segura de los centros con estándares internacionales, la construcción de terrazas, filtros y exclusas; seguridad procedimental, es decir, la ejecución de los procedimientos de seguridad por parte de los agentes y privados de libertad que deben cumplir un régimen que se basa en cumplir protocolos para todo; y, seguridad dinámica, que es la interacción positiva con las personas privadas de la libertad.
El experto en Derecho Penal Ambiental, Hugo Echeverría basó sus observaciones en la reforma al artículo 247 del COIP, relativo a temas penales ambientales. Respaldó esta propuesta, que actualiza el esquema punitivo para proteger la diversidad biológica y adecua nuestra legislación penal a los estándares regionales e internacionales, sobre la lucha contra el tráfico de vida silvestre.
Reiteró la necesidad de prevenir y sancionar conductas atentatorias contra la fauna y flora silvestre y por ende viabilizar la conservación de la biodiversidad que es parte del sector estratégico. Comentó que sobre el tema hace falta una legislación penal muy fuerte y articular el Derecho Penal con el Derecho Ambiental para evitar que prospere el tráfico de vida silvestre.
Soledad Angus se refirió a la tipificación de feminicidio y la imputabilidad a los adolescentes. Expresó que la sociedad está agobiada por la violencia que demanda medidas inmediatas para solucionar esta situación y que es responsabilidad de las autoridades contribuir con soluciones contundentes y sin “tibieses” para superar esta ola de violencia.
Sin embargo, advirtió que la coyuntura se vuelve escenario fuerte para el populismo penal, por lo que sugirió revisar la propuesta para que los menores a partir de los 14 años sean juzgados en base al COIP y no al Código de la Niñez, a la vez recordó que a partir del 2019 no solo que se han aumentado la penas, sino que se eliminó la prelibertad para delitos violentos graves, pero que en lugar de reducir la delincuencia a partir de 2020 el país experimenta un incremento exponencial de la violencia. “La sola reforma para el endurecimiento no tiene impacto en la reducción de la criminalidad”, recalcó.
El legislador Vicente Taiano sostuvo que es necesario abordar la temática sobre los centros de privación de libertad para adolescentes infractores, a la vez reflexionó sobre la eliminación de beneficios penitenciarios para los sentenciados por delitos graves.
La asambleísta Gissela Garzón, proponente de uno de los proyectos, manifestó que la propuesta está orientada a definir las responsabilidades del Estado en temas de violencia de género, como es el caso de María Belén Bernal, asesinada en la Escuela de Formación de la Policía Nacional.
El presidente de la comisión, Fernando Cedeño expresó que las observaciones de los invitados permitirán enriquecer el debate del proyecto que recoge 43 iniciativas legislativas, que aportará a la lucha contra la delincuencia organizada y la inseguridad.
Por último, anunció que el tema de los adolescentes infractores será abordado el viernes próximo, con la presencia de representantes de Unicef, Naciones Unidas, Comisión de la Niñez y otros organismos no gubernamentales.
