Justicia ecuatoriana llama a juicio a 9 personas por presunto terrorismo
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
Un juez anticorrupción acogió los elementos de convicción presentados por Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio contra nueve personas, por presunto terrorismo. Ellos habrían participado en los ataques con explosivos en varias Unidades de Policía Comunitaria (UPC), gasolineras y locales comerciales de Durán, los primeros días de noviembre del 2022, que causaron la muerte de dos policías.
En la audiencia preparatoria de juicio el fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Transnacional (Unidot) de Guayas presentó su dictamen acusatorio y con ello, los elementos de convicción hasta ahora recabados en el proceso investigativo y que harían presumir la participación de los procesados en los hechos investigados.
Entre estos, el parte informativo y de aprehensión elaborado por la Policía Nacional junto a los informes de audios, videos y afines, que guardan relación con la extracción de información de los teléfonos celulares de algunos procesados. Además, los indicios y evidencias recolectados en varios allanamientos, que ingresaron en cadena de custodia.
El juez Anticorrupción –con sede en Quito–, acogió el pedido de la Fiscalía y ratificó la prisión preventiva contra los ciudadanos Álvaro Enrique B. O., Ángel David A. P., Richard Leonardo P. V., Álex Hans M. A., Daniel Andrés E. G., José Enrique S. L., Jordan Andrés N. E., John Jairo M. Q. y José Miguel Z. S.
La Fiscalía en Guayas inició –de oficio– un proceso investigativo tras los atentados con explosivos a diferentes unidades policiales y locales comerciales. A través de fuentes humanas y el registro de cámaras de video seguridad se obtuvo información para solicitar el allanamiento de varios inmuebles y la detención de nueve personas que habrían participado en el hecho.
En operativos realizados la madrugada del 24 de enero de 2023, en varios sectores de este cantón y al interior del centro penitenciario de Guayaquil, se logró detener a los ahora procesados.
En las diligencias se incautó un fusil y dos pistolas, 40 kilos de cocaína, 40.000 dólares en efectivo, 2.200 municiones de diferentes calibres, 10 chalecos antibalas e indumentaria con logos de la Policía Nacional y varios teléfonos celulares.
La Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 366, numeral 10, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de terrorismo con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.