Fiscalía inició proceso penal contra 10 miembros de banda de traficantes de drogas
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
Imagen de boletín: 10 procesados por tráfico de drogas
La Fiscalía de Ecuador inició un proceso penal en contra de diez personas, por su presunta participación en el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. El Juez que conoció la causa dictó prisión preventiva para seis de ellos.
Las cuatro personas restantes deberán presentarse periódicamente ante la autoridad y tienen prohibición de salir de país. La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.
También dictó prohibición de enajenar bienes, inmovilización e incautación de cuentas que tengan los procesados en el sistema financiero nacional.
Según la investigación de Fiscalía, los hoy procesados serían parte de un grupo delictivo que estaría dedicado al acopio y expendio de drogas en varios puntos de la ciudad de Loja, especialmente el centro de la ciudad. Luego de la aplicación de técnicas especiales de investigación (escuchas y vigilancias), se determinó que este grupo estaría coordinado desde el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley en ese cantón.
Por esa razón, con las debidas autorizaciones judiciales, se ejecutó un operativo en el que se realizaron 7 allanamientos en varios inmuebles, incluido el centro carcelario, que permitió la detención de 10 personas.
Además de las aprehensiones, el operativo permitió la incautación de cantidad de marihuana y pasta base de cocaína, que estaba lista para su comercialización.
Entre los principales elementos de convicción presentados se encuentran los informes investigativos realizados por la Policía Nacional, el reconocimiento del lugar de los hechos y levantamiento de evidencias (entre las que se incluyen la droga incautada) el acta de pesaje de la sustancia ilícita encontrada, las versiones de los agentes que participaron en la aprehensión, entre otros.
El tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización se encuentra tipificado en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, que en su literal c señala una pena de entre cinco y siete años.
