Justicia ecuatoriana condena a 34 años de prisión a pareja de esposos por femicidio de una niña
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
Imagen de boletín: 34 años de prisión por el femicidio de una niña
Un Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena acogió las pruebas presentadas por la Fiscalía y emitió sentencia condenatoria de treinta y cuatro años con ocho meses de prisión contra una pareja de esposos, por el femicidio de una niña de 7 años de edad, hecho suscitado el 29 de septiembre de 2021, en el sector de Capaes, en La Libertad.
La condena fue impuesta en contra de Gabriel Eduardo G. M. y Leticia Amanda P. B. Además, se les dispuso el pago de una multa de mil salarios básicos unificados y 80.000 dólares como reparación integral.
En audiencia de juzgamiento, el Fiscal del caso presentó los testimonios de 17 personas (entre médicos peritos, agentes investigadores y guardias de la urbanización), además de abundante prueba documental como los informes e historia clínica de la víctima, protocolo de autopsia, levantamiento de cadáver, el parte informativo y de aprehensión, el informe investigativo, el de reconocimiento del lugar de los hechos, información migratoria de los procesados, entre otras pruebas.
A esto se sumó los informes de entorno social y psicológico, forense y de violencia intrafamiliar contra la niña, el de inspección técnica ocular y prueba de luminol, de reconocimiento del lugar de los hechos y de genética forense.
El hecho investigado ocurrió el 29 de septiembre de 2021, al interior de una vivienda situada en la urbanización Villa Marina, en el sector Capaes. La niña fue trasladada por los hoy sentenciados a una casa de salud con múltiples heridas. Después fue remitida a un hospital en Guayaquil, donde falleció a los pocos días producto de las lesiones.
Fiscalía abrió un proceso investigativo para establecer responsabilidades, tras los indicios recabados en el hospital que atendió a la niña, donde informaron que la víctima fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente.
Luego del fallecimiento de la víctima, los esposos fugaron del país y se establecieron en el municipio de Curumba, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, al sur de Brasil.
La Policía Internacional (Interpol) detuvo a la madre de la víctima en el 2022, siendo la primera en ser deportada al Ecuador, luego su pareja (el padrastro), quien fue deportado en junio de 2023.
La Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, sancionado con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, más las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 142 del mismo cuerpo legal, que aumentó en un tercio la pena impuesta.
