Liberan a policías retenidos en revuelta carcelaria en Ecuador
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR).
Solo en los dos últimos años Ecuador ha sido territorio de cinco masacres donde se han asesinado a cerca de 214 reos.
En los últimos dos días, los reclusos de dos prisiones, Cuenca y Azogues, protagonizaron disturbios en protesta por la reciente operación llevada a cabo por la Policía y las Fuerzas Armadas en la prisión de Latacunga. El citado operativo fue parte de una serie de medidas para confiscar armas en las prisiones, en el contexto de un estado de excepción declarado por el Gobierno.
En la prisión de Turi, cercana a la ciudad de Cuenca, los presos tomaron control de los tejados y retuvieron a guardias, según confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI), responsable de la gestión carcelaria en Ecuador. Aunque hubo discrepancias en las cifras oficiales sobre el número de guardias retenidos, la central de inteligencia informó que alrededor de 50 policías y guías estaban secuestrados.
El motín claramente se originó en respuesta a la intervención en la prisión de Latacunga (foto), que involucró a 2.200 policías y militares. Para garantizar la seguridad en la cárcel de Cuenca, se desplegó un contingente de policías y militares.
Estas tres prisiones mencionadas (Latacunga, Cuenca y Azogues) están bajo el control de la banda criminal conocida como Los Lobos, por lo que los disturbios en Cuenca y Azogues parecen ser una reacción al ingreso de las fuerzas de seguridad en la prisión de Latacunga la semana anterior.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, después de la liberación de los guardias, atribuyó las violentas reacciones de las organizaciones criminales a las medidas represivas tomadas por el Gobierno en el sistema penitenciario. Sin embargo, subrayó la determinación de su administración en la captura de delincuentes peligrosos, la desarticulación de bandas delictivas y la pacificación de las prisiones del país.
Esta operación constituye la sexta intervención realizada para confiscar armas, municiones y explosivos en los centros penitenciarios y prevenir episodios violentos, según explicó el presidente Lasso a través de un mensaje en redes sociales.
