Se firmó convenio de cooperación interinstitucional para prevenir el lavado de activos
REDACIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
Guadalupe Cabezas, Carla Mera, Guillermo Avellán, Alexandra Salazar y Pablo Garcés
Con el fin de fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos y el financiamiento de delitos en el país, este 14 de noviembre de 2022 se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre el Banco Central del Ecuador (BCE), la Unidad de Análisis Financiero y económico (UAFE), la Superintendencia de Bancos (SB), la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS).
Este convenio establece mecanismos para el intercambio de información entre las instituciones participantes relacionada con la circulación de billetes de alta denominación, correspondientes a los de cincuenta y cien dólares estadounidenses. Estos datos serán procesados para generar reportes e informes de análisis financiero y riesgos relativos a la detección de actividades inusuales por parte de las instituciones de control.
En la firma del documento participaron Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central del Ecuador; Carla Mera, directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico; Guadalupe Cabezas, superintendente subrogante de Bancos; Alexandra Salazar, superintendente subrogante de Economía Popular y Solidaria; y, Pablo Garcés, intendente nacional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
El Gerente General del BCE, durante su intervención, resaltó la importancia del trabajo conjunto para enfrentar a la delincuencia. “En el contexto actual, la lucha contra este tipo de delitos es de suma relevancia, por lo que requiere un mayor compromiso y coordinación por parte de las entidades aquí presentes (…) Este tipo de acuerdos marcan un paso en firme en contra de la delincuencia organizada”, dijo.
Esta acción conjunta entre las cinco instituciones permitirá, además, unificar criterios que ayuden a la implementación de normas de prevención y debida diligencia, conforme el ámbito de competencias de cada contraparte del convenio.
