Ecuador combatirá la usura con reformar penales
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
La usura afecta a miles de familias en el país.
La Comisión de Justicia inició el estudio de los proyectos de Ley que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Combatir el Delito de Usura y del Sistema de Protección y Promoción Social.
Esta vez escuchó a sus proponentes, los legisladores Juan Cristóbal Lloret y Pabel Muñoz, quienes explicaron los alcances y objetivos de los cuerpos normativos.
Juan Cristóbal Lloret propone modificar el Código Orgánico Integral Penal; la Ley de Régimen Tributario Interno; el Código General de Procesos; Código de la Función Judicial; Código de Comercio; y, Código Monetario y Financiero, con el fin de prevenir y combatir el delito de usura.
El parlamentario, en su propuesta, advirtió que la usura, un delito financiero por excelencia, sacude hoy más que nunca los hogares de las familias ecuatorianas, a la vez aseveró que en la propuesta trabajó con el Comité Nacional de Lucha contra la Usura, integrado por muchas personas perjudicadas por este delito y que incluso han perdido sus bienes y propiedades. “Con esto buscamos hacer frente a un mal que le aqueja a la sociedad, que está articulado a otros delitos como el lavado de activos y, con ello, luchar contra la inseguridad”, enfatizó.
Aseguró que las personas, en el afán crecer y mejorar económicamente, buscan acceder a créditos financieros con el fin de adquirir bienes o servicios que mejoren su estatus y el de sus familias, pero que el sistema financiero nacional ha creado una verdadera muralla de papeles y requisitos, lo que impide o dificulta al acceso al crédito y hace que las personas acudan a personas privadas para obtener créditos informales o irregulares con intereses muy altos.
Según el proyecto, no prescriben las penas que se impongan por el delito de usura. Determina que la personas que sin tener autorización alguna para ejercer actividades financieras o crediticias reguladas por el sistema bancario o cooperativista, se dedique a conceder créditos por fuera del sistema financiero nacional regular, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La pena se aumentará en el doble, si los perjudicados son más de cinco personas.
Los parlamentarios destacaron que la propuesta busca enfrentar el drama que viven familias afectadas por este sistema de abusos, que significa la usura que está unido a delitos como el sicariato. También propusieron que este proyecto se unifique con la reforma al COIP que tipifica como delito el anatocismo, es decir el cobro de intereses sobre intereses.
De inmediato, el legislador Pabel Muñoz fundamentó su proyecto de Ley del Sistema de Protección y Promoción Social, que tiene por objeto garantizar a la ciudadanía un piso de protección social, a través de un conjunto básico de prestaciones, cuidados y servicios que aseguren un ingreso mínimo, un consumo esencial y condiciones socioeconómicas que hagan posible satisfacer las necesidades vitales y alcanzar los derechos del buen vivir establecidos en la Constitución de la República.
Muñoz explicó que la propuesta busca proteger el ingreso, el consumo y las necesidades básicas de las personas, cuando se encuentran en condición de vulnerabilidad, pobreza o extrema pobreza. Así mismo, indicó que para superar estas condiciones y evitar situaciones de vulnerabilidad, se pretende generar movilidad y promoción social, para lo que establece el Sistema de Protección y Promoción Social, como el conjunto de instituciones, normas, políticas, programas y servicios de cuidados, protección y promoción para sostener niveles básicos de calidad de vida.
