Fiscal General es recriminada por inicio de investigación a 93 asambleístas
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recibió a la fiscal General del Estado, Diana Salazar, para que explique las razones legales por las que inició una investigación a 93 asambleístas de diferentes bancadas y bloques políticos que modificaron el orden del día de la sesión del Pleno para conformar una comisión ad hoc pluripartidista.
Ahí fue recriminada por su accionar de iniciar expedientes investigativos a los legisladores.
Diana Salazar manifestó que uno de los deberes del Estado a través de sus instituciones es garantizar el fiel cumplimiento y respeto de los derechos de todos los ciudadanos.
Sostuvo que un expediente investigativo se inicia por varias fuentes, entre ellas las denuncias, informes y providencias judiciales y que en el caso que les preocupa tiene su origen en una denuncia escrita presentada por la Presidenta de la Asamblea Nacional ante la Fiscalía General del Estado, por el supuesto cometimiento de un delito contra la eficiencia de la administración pública en contra de 93 personas.
Aclaró que la decisión de archivar o formular cargos debe sustentarse en los indicios recabados durante el tiempo de investigación y no en caprichos o arbitrariedades ni del fiscal a cargo ni de los denunciantes ni de los denunciados.
La magistrada reconoció que el artículo 128 de la Constitución determina que los asambleístas gozan de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Asamblea Nacional, a la vez que aseveró que al tener fuero de Corte Nacional la denuncia está en conocimiento de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.
El asambleísta Ronny Aleaga, quien solicitó la comparecencia de la Fiscal, manifestó que no existe razón para que la magistrada haya iniciado una investigación contra los legisladores.
El parlamentario Ricardo Ulcuango reiteró que la Asamblea Nacional por mandato constitucional es una función autónoma e independiente y tiene plenas facultades para tomar sus propias decisiones.