Además de proteger el medio ambiente, los nuevos fondos para una administración ambiental sostenible buscan construir una población ecuatoriana más saludable, preservar los ecosistemas y crear nuevas oportunidades económicas.
El Gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que entragará $50 millones en financiación para ayudar al Ecuador a proteger su medio ambiente durante los próximos cinco años.
Al invertir en programas de protección del medio ambiente en el Ecuador, los Estados Unidos pretende contribuir al desarrollo económico del país y al bienestar de los ecuatorianos.
Además de proteger el medio ambiente, los nuevos fondos para una administración ambiental sostenible buscan construir una población ecuatoriana más saludable, preservar los ecosistemas y crear nuevas oportunidades económicas.
El Embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, anunció la financiación en el Día de la Tierra: “El tema del Día de la Tierra de este año es “Invertir en nuestro planeta”, y eso es precisamente lo que los Estados Unidos piensa hacer. Me enorgullece anunciar, por tanto, nuestra propia inversión hoy, la liberación de $50 millones en financiación centrada en el medio ambiente en el Ecuador”.
El Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo. La protección de esta rica biodiversidad es esencial para fomentar la recuperación económica del Ecuador a medida que la pandemia del COVID-19 retrocede. El Gobierno de los Estados Unidos dará prioridad a las intervenciones enfocadas en conservación de la biodiversidad que involucren a grupos históricamente marginados, como las mujeres, los jóvenes, los afroecuatorianos y las comunidades indígenas.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Ecuador por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador, trabajará con organizaciones locales y el sector privado para desarrollar colaborativamente estrategias innovadoras para adaptarse y mitigar el cambio climático, conservar la biodiversidad, combatir los delitos en contra de la conservación como la pesca ilegal, la extracción de madera y el tráfico de especies silvestres, reforzar las prácticas de gestión de residuos sólidos (incluidos los plásticos de las vías fluviales) y apoyar el consumo de tecnologías de energía sostenible.
