«El Gobierno no ha transferido recursos para la conservación de edificios patrimoniales»
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
Son aproximadamente 500 edificios patrimoniales que hay en el casco urbano. El Ejecutivo transfirió esta competencia al Municipio de Guayaquil SIN LA RESPECTIVA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, incumpliendo lo que establece la Constitución. Pese a esa INCOMPLETA transferencia de competencias, la Institución Municipal ha realizado tareas para la preservación del patrimonio de la ciudad.
Así señala un comunicado del Municipio de Guayaquil emitido la tarde de ayer.
Así consta la recuperación del Barrio Las Peñas, del Castillo Martínez Espronceda, de la Casa Bucaram, Museo del Cacao, el Teatrino, entre otros. Pese a ello la ciudad no puede ocuparse de esta tarea sin los recursos respectivos. A manera de ejemplo, la iglesia La Victoria necesita una intervención urgente, trabajos que están valorados en un millón de dólares. Si la ciudad se ocupara de la restauración de este centenar de edificios patrimoniales dejaría de atender a la ciudad con la obra pública y programas sociales.
En cuanto al colapso de la fachada de un edificio patrimonial ubicado en 9 de Octubre y Escobedo es preciso informar que este justamente es de propiedad privada, y que había sido inspeccionado por autoridades municipales en la que se exhortó a sus propietarios efectuar trabajos emergentes.
Además, gracias a una oportuna acción de la Direcciones de Gestión de Riesgos y Obras Públicas, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) se pudo despejar la zona antes del colapso, lo que evitó que personas resultaran heridas y mayores daños materiales a vehículos y bienes inmuebles aledaños.
La mayor parte de los edificios patrimoniales son de propiedad privada y el Municipio está impedido por ley de realizar trabajos en bienes particulares. Para ello sería necesaria una expropiación, lo que eleva las inversiones.
Es por ello que Guayaquil EXIGE que el Estado Central cumpla con la Constitución y asigne los recursos necesarios para el mantenimiento de los bienes patrimoniales de la ciudad, de lo contrario el destino de estos edificios será de única responsabilidad del Ejecutivo y de sus propietarios.
