Asamblea tramitó en primer debate las reformas a la Ley de Acuicultura y Pesca
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, que tiene por objetivo actualizar la denominación de los tipos de pesca artesanal e industrial, la categorización de las embarcaciones, así como establecer el principio de proporcionalidad en las sanciones y multas que se aplican en caso de infracciones relacionadas con esta actividad.
El asambleísta Xavier Santos, ponente del informe de la Comisión de Soberanía Alimentaria, dijo que la ley reforma busca mejorar el texto que rige a este segmento, en beneficio de todos los tipos de pesca existentes. Aseguró que el régimen sancionatorio previsto en el proyecto se fundamenta en el principio de proporcionalidad.
En el debate participaron 11 asambleístas. Hubo sugerencias en el sentido que la Comisión reciba a todos los sectores involucrados, a fin de que escuchen sus propuestas y observaciones en la construcción del informe para segundo debate.
Igualmente, se propuso estudiar la posibilidad de incluir una categoría intermedia entre la pesca artesanal y la pesca industrial, con lo cual se mantendría el concepto de pesca artesanal como aquella que se realiza completamente a mano y la transición hacia otro segmento que utilice medios tecnológicos, sin llegar a la cualificación de industrial.
Previo al debate, fueron recibidos en comisión general los representantes de diferentes colectivos del sector pesquero.
Mariana Quijije, representante nacional de las Pequeñas Pesquerías Amigos del Mar, durante su intervención en el pleno, recalcó el apoyo del sector para que se apruebe la reforma y no se afecte el empleo de más de 100.000 personas.
La representante de las pequeñas pesquerías del país aseguró que la ley fue aprobada en plena pandemia sin que nadie se entere, el 20 abril de 2020. En dicha normativa, sus pequeñas embarcaciones, las cuales abastecen el mercado local con pelágicos pequeños, son categorizadas en igualdad de condiciones con las de mayor calado como son las de los atuneros.
El sector pesquero nacional solicita revisar la tabla de multas y categorización, ya que cada sanción es de $ 80. 400, más de lo que cuesta una embarcación, dejando en riesgo la soberania alimentaria local nacional.
«Al momento tenemos a 60 familias, más de 500 personas sin empleo porque sus barcos están con sello de clausura y no están trabajando. Nos han confundido con grandes industriales, no somos pequeños, pero tampoco inmensos, nuestros barcos son de madera, por eso pedimos la reforma», aseveró Quijije.
Una vez cerrada la primera discusión, el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela, dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Soberanía Alimentaria, a fin de que sistematice las observaciones e inicie el estudio previo a la elaboración del informe para segundo debate de esta normativa.