Asamblea demanda medidas de reparación a las víctimas de la crisis carcelaria
REDCCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
La situación en las cárceles preocupa a los asambleístas.
Tras una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional solicitó a las distintas funciones del Estado que, conforme a las recomendaciones formuladas, determinen medidas de reparación integral a las víctimas y sus familias afectadas por las masacres en las cárceles.
El pleno acogió con 131 votos afirmativos el informe la Comisión de Soberanía, Integración en la que determinó que la situación que viven las cárceles es una prioridad nacional que debe ser tratada sin evasión de responsabilidades.
La razón es que ha provocado la muerte de seres humanos, intranquilidad en los ecuatorianos y grave inseguridad ciudadana en las calles y en los hogares del Ecuador.
En tal virtud, los órganos pertinentes tienen la obligación de precautelar la seguridad de las personas privadas de libertad y de la ciudadanía en general, conforme lo determina la Constitución de la República.
La Asamblea recomienda a todas las instituciones del Estado mencionadas en el referido informe que, en el marco de sus competencias, desarrollen de manera inmediata un protocolo de observancia a las normas y estándares internacionales de derechos humanos con relación a las personas privadas de libertad, así como la implementación de los mecanismos institucionales y tecnológicos que, a través de indicadores de gestión y protocolos claramente definidos, permitan el cumplimiento y seguimiento institucional y ciudadano.
Igualmente, recomienda al ente rector del Sistema Nacional de Rehabilitación Social que, con el carácter de urgente, implemente un plan de contingencia que permita superar el déficit de talento humano en los servicios de rehabilitación social, a fin de que las personas privadas de libertad (PPL) puedan acceder al régimen penitenciario semiabierto previsto en el artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal, en aras de disminuir los índices de hacinamiento carcelario.
También requiere de la Defensoría del Pueblo el fortalecimiento de las acciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, como respuesta al cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención de Nacionales Unidas contra la Tortura. Así mismo, que inicie un proceso defensorial por la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad víctimas de las masacres perpetradas en las cárceles en el último año, pertenecientes a los grupos de atención prioritaria.
