Usuarios de la Función Judicial siguen denunciando a jueces y fiscales
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
Danilo Fariño, presidente de la Asociación de Pequeños Trabajadores Agrícolas Río Mar
La corrupción judicial no da tregua. La ciudadanía continúa quejándose de las actuaciones de los operadores de justicia.
Esta vez, Danilo Fariño, presidente de la Asociación de Pequeños Trabajadores Agrícolas Río Mar, denunció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional la irregular actuación del juez Humberto Maximiliano Barzola Hidalgo, exjuez de la Unidad Multicompetente del cantón Samborondón.
Según Fariño, el juez Barzola se negó a cerrar el proceso 09333-2021-00793G que por el delito de invasión de tierras les planteó la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar), el cual si fue archivado por la Fiscalía porque el Ministerio de Gobierno emitió un informe donde indica que los agricultores de Río Mar no son invasores sino posesionarios por más de 20 años de 160 hectáreas, tal como lo reafirma el Ministerio de Agricultura en una resiente resolución.
Cabe destacar que la Fiscalía también negó un acto urgente de desalojo solicitado por Inmobiliar ‘porque se ha demostrado que los agricultores de Río Mar no son invasores; sin embargo, el juez no archiva la causa’.
Además, el presidente de la Asociación de Agricultores menciona que el juez Barzola, en lugar de excusarse, también actúa en un acto urgente (juicio 09333-2021-09913G) que por el delito de violación a la propiedad privada presentó el Fideicomiso Parque Industrial, que reclama la posesión de los predios, pese a no ser dueños.
Asimismo, Fariño menciona en su denuncia que el juez Barzola, dentro del proceso 09333-2021-00352, por medidas cautelares que presenta el Fideicomiso Parque Industrial contra la Asociación de Agricultores, concedió un desalojo, trámite que lo realizó en horas no laborales, junto al secretario del despacho (en la noche). Explica el dirigente que en su impulso, el juez Barzola no indica la violación de ningún derecho ni daños irreversibles, contraviniendo el artículo 87 de la Constitución y los artículos 10 y 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
La queja contra el juez Barzola está en trámite en la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura en Guayas, cuyo titular remitió a la presidencia de la Corte de Guayas el expediente de solicitud de declaración jurisdiccional previa de las infracciones de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable.
Por tal motivo, el titular de la Corte Provincial, Alfonso Ordeñana Romero, dispuso el sorteo de un tribunal de la Sala Especializada Penal para que resuelva la situación del juez Barzola.
Albino Zúñiga, otro socio de la Asociación Agrícola, reiteró su solicitud para que el Estado les vendan las tierras que ellos cultivan desde 1998, cuando el Ministerio de Agricultura se las entregó después de la quiebra de los bancos.
Zúñiga recordó que las tierras pertenecieron a las empresas Mercambi y Predeporti, las cuales las hipotecaron al banco Finacorp en 1995. Posteriormente, ante el feriado bancario, las hectáreas pasaron a manos de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) y luego se traspasaron al Banco Central, quien las entregó a la Asociación Río Mar por solicitud del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, el trámite de posesión a favor de la Asociación Agrícola no concluyó y en enero de 2018, los predios fueron dados a Inmobiliar, conocedores de la decisión del municipio de Samborondón de declarar las tierras como zona de expansión urbana.
El dirigente detalló que en 2005, lograron que el antiguo Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (Inda) declare la expropiación y en 2009 les entregó garantías de posesión y en 2015 la Subsecretaría de Tierras ratificó la entrega de garantías de las 160 hectáreas. Pesé a todo esto, Inmobiliar en 2018 subastó los predios y es ahí cuando aparece el Fideicomiso Parque Industrial a reclamar algo que no les pertenece.
abogado Édgar Camino Torres, representante legal de Río Mar
El abogado Édgar Camino Torres, representante legal de Río Mar, recuerda que durante el Gobierno de Lenín Moreno, existió mucha presión política para que los predios pasen a manos del Fideicomiso Parque Industrial. Camino menciona como autores de esta presión política a un yerno del entonces mandatario y al exdirector de Inmobiliar, Nicolás Isa Wagner.
Pero, ahora el jurisconsulto denuncia que la presión la están ejerciendo desde el Poder Judicial, donde un vocal del Consejo de la Judicatura de apellido Muñoz, está actuando contra los agricultores de Río Mar a través de los jueces, en este caso el juez Barzola.
