El narcotráfico, se acentúa como la principal causa de la crisis del sistema carcelario en el Ecuador
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
Por: Fabrizzio Obando Laaz
*Desde hace 19 años, la Policía conocía de la potencial infiltración de los narcos en la sociedad ecuatoriana e informó al respecto, pero el poder político ignoró las advertencias.
En 2002, en un informe denominado “Apreciación de la seguridad interna en el Ecuador”, la Policía Nacional anunciaba ante el Congreso y Departamento de Estado de los Estados Unidos, la amenaza que significaba el narcotráfico para nuestra nación.
En el documento oficial, elaborado por la Jefatura del Estado Mayor de la Policía Nacional, cuyo jefe era el general Inspector Edgar Vaca Vinueza, se advertía al mundo la pronta presencia e infiltración de los carteles de drogas, colombianos y mexicanos en las instituciones públicas y privadas ecuatorianas, ante la estratégica ubicación del Ecuador, situado entre los principales países productores de cocaína, Colombia y Perú.
La crisis económica y social que vive la población y la adopción del dólar como muestra moneda oficial, fueron los principales factores para que las mafias del narcotráfico decidieran acelerar la “invasión” del país, para poco a poco infiltrarse en el tejido social e institucional.
Las evidencias sobre la presencia del narcotráfico en la Policía, Fuerzas Armadas, Poder Judicial, empresa privada, el Estado y la política nacional, sobran. Un ejemplo claro fue la utilización de nuestra valija diplomática para enviar cocaína a Italia y la destitución y sanciones a jueces que permitieron la salida de las cárceles de delincuentes como el extinto José Luis Zambrano González, alias “Rasquiña”, quien fue líder de la banda narcocriminal denominada Los “Choneros” que tiene nexos con los carteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa.
Ante esta realidad, como era de esperarse, el sistema carcelario ecuatoriano también fue contaminado, no sólo por el consumo de marihuana y cocaína entre sus internos sino para, desde las celdas, seguir manejando el negocio ilícito de la droga a través de los líderes de las bandas narcos que se hallan detenidos por el trabajo policial.
El coronel Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército, coincide con el informe policial del 2002 y culpa de las matanzas de febrero, julio y septiembre de este año a las mafias internacionales del narcotráfico. El experto sostiene que si no se disminuye el accionar de los narcos en el país, las masacres en las cárceles, calles y plazas del país continuarán.
Para controlar la situación, en julio, Pazmiño recomendó encargar la administración de los Centros de Rehabilitación Social (CRS) a la Policía por lo menos un año y medio. Asimismo, el experto en seguridad cree que se deben cambiar a todos los directores de las cárceles del país y a los Agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP), esto tras conocerse la designación del coronel Fausto Cobo como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), quien está semana renunció para liderar la Unidad de Inteligencia del Estado.
Nuevo estado de emergencia
“Sintonizado” con esta estrategia, tras las matanzas entre Choneros y Los Lagartos, en los CRS de Guayaquil y Latacunga, el presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró un nuevo Estado de excepción en el sistema carcelario. Antes, había ordenado ordenando que las Fuerzas Armadas se encarguen del primer filtro de ingreso a los CRS y que los filtros dos y tres sean responsabilidad de la Policía.
Después, Lasso decidió que mejores resultados daría la ejecución de un plan, primero para detener la violencia y retomar el control de las cárceles. Este programa buscaba eliminar el hacinamiento, restablecer la vigilancia digital, esto es con el restablecimiento de las cámaras de vídeo seguridad y la instalación de scanner para detectar el ingreso de armas e inhibidores de la señal celular. Al final, nada dio resultados. 116 muertos y 80 heridos en la masacre de este 27 de septiembre lo confirman.
La medida de reducir el hacinamiento, reconociendo los derechos humanos y de libertad condicional a cerca de 5.000 presos, también fue propuesta por Lasso, sin medir que eso demorará algún tiempo por la “debilidad” administrativa del SNAI.
El presidente Lasso explicaba que el reconocimiento de los derechos de los presos que cometieron delitos menores serían analizados desde el expediente que debería elaborar el SNAI y la posterior actuación de los jueces de Garantías Penitenciarias, quienes serían quienes decidan si un detenido que, por ejemplo, haya cumplido el 60% de la pena, pueda salir en libertad bajo la figura de un régimen semiabierto.
“Por eso digo que combatir el hacinamiento no significará necesariamente la inversión de dinero por parte del Estado”, indicaba Lasso.
Asimismo, el jefe de Estado aclaraba que no ha contemplado la privatización del sistema de rehabilitación social e insistió en invertir en la capacitación y formación de ASP, así como el aumento de sus sueldos.
El exjefe de guías de la Penitenciaría del Litoral cree que las medidas del presidente Lasso están bien, pero no terminarán con la violencia. Asegura que lo primero que debe hacerse es trasladar a celdas especiales a los líderes de las bandas como Los Choneros y Lagartos, así como a sus brazos ejecutores denominados Lobos, Chone Killer, entre otros.
“Yo lo hice en entre 2009 y 2010 y bajé considerablemente los índices de violencia que generaban los grupos delictivos de la época en la Penitenciaría del Litoral, pero eso me costó también el puesto porque les quitamos comunicación y contacto con el exterior para seguir delinquiendo y eso no me lo perdonaron ni el director de esa época (Héctor Reina, hoy detenido) ni los jefes de bandas, ”, sostiene.
Años antes, recuerda el carcelero, en la Penitenciaría del Litoral habían sido asesinados, muchos guías, entre ellos su hermano y los directores Eddy Enríquez y Soledad Rodríguez, crímenes ordenados por los hermanos William, Kléber y Walter Poveda Salazar, apodados como Cubano, Metralla y Caimán, respectivamente. Los Poveda Salazar fueron los mentores de los hermanos Ricardo y Geovanny Mantilla Cevallos. El primero, apodado Ricky fue asesinado por miembros de Los Choneros en la Penitenciaría y el último, conocido con el apodo de “Gorras”, presuntamente murió en Lago Agrio, Sucumbios, por covid-19.
Ricky y Gorras, influenciados por los hermanos Poveda Salazar, en honor al Caimán, años atrás, antes de morir habían formado la banda narcocriminal Los Lagartos, quienes ahora son los que mantienen una guerra abierta con Los Choneros por liderar la entrega de la logística que necesitan los carteles mexicanos y colombianos para enviar la cocaína a los Estados Unidos, Europa, Asia y el resto del mundo. Un tercer hermano Mantilla Cevallos, llamado Carlos, apodado “Choclo”, actualmente tiene las riendas del grupo delictivo y desde la cárcel habría sido el enlace entre el autor intelectual y los gatilleros que dispararon y mataron al presentador de televisión, Efraín Ruales.
Para el exguía, el coronel Pazmiño y otros expertos en el análisis de la violencia y crisis penitenciarias en Latinoamericana, el tráfico de drogas es el fuego que enciende las hogueras cada cierto tiempo en las calles y cárceles del mundo.
“Si no se toman medidas duras como el aislamiento de los líderes de las bandas detenidos en las cárceles y la lucha decidida a la transportación, almacenamiento y exportación de drogas, la violencia no va a parar. Ahora, tras la muerte del líder Chonero Rasquiña, sus grupos armados tratarán de tomar ese poder de mando y que mejor si lo hacen terminando con Los Lagartos, su competencia en el negocio de las drogas”, expresa el celador.
La abogada Martha Macías Cedeño, exdirectora de la Cárcel de Mujeres de Guayaquil, va más allá del aislamiento de los presos peligrosos, de la intervención militar y de la libertad para los reos que cumplen condenas por delitos menores.
Macías, según un plan que ella denomina “Sistema de Rehabilitación contra la Corrupción y la Delincuencia”, cree también que se debe rotar al personal de carceleros para evitar que caigan en el soborno y controlar la preparación de alimentos con cámaras de seguridad.
Asimismo, Macías asegura que la rehabilitación de las personas privadas de la libertad (PPL) tiene que estar ligada al trabajo, educación cultura y deportes, para lo cual se necesita que participen las empresas públicas y privadas.
La exfuncionaria menciona en su proyecto que debe implementarse también un programa de salud dirigido sólo para los PPL que enmarque la salud mental y la asistencia social, porque la familia del interno también es afectada por la crisis del sistema penitenciario.
Estos últimos días, el Gobierno ratificó la inversión de 75 millones de dólares en 4 años para seguridad, infraestructura, talento humano y tecnología. El exdirector General del SNAI señaló que de manera inmediata se procederá a intervenir en el traslado de los reos más peligrosos de los centros penitenciarios de Cotopaxi y Guayas, tal como lo recomendó el exjefe de guías Macías.
Al final, ese anuncio de traslado, detonó en la matanza más grande ocurrida en la historia del sistema carcelario ecuatoriano.
Mientras tanto, las armas siguen ingresando a las cárceles Ecuatorianas. En el operativo denominado Titán 64, realizado en julio en el pabellón 10 del Centro de Privación de la Libertad de Varones de Guayaquil, la Policía y el SNAI hallaron un fusil, una pistola 787 cartuchos calibre 9 milímetros, 489 cartuchos calibre 5.56, 25 teléfonos celulares, 5000 sobres de sustancias prohibidas y 1680 dólares.
Cifras
- 38.685 presos
- 40% de los reos del país, permanecen sin sentencia.
- 5.000 en espera de la libertad condicional
- 35 Centros de Rehabilitación Social posee Ecuador
