Una o dos Cámaras…. ¡da igual!
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
En teoría cada opción tiene sus ventajas, y la experiencia en diversos gobiernos del mundo arroja resultados similares. Y es que el verdadero problema no está en cómo se conforma el poder legislativo, sino en quienes lo constituyen o para ser más precisos, en quienes lo prostituyen. De tal manera que antes que debatir las alternativas de la conformación de la legislatura, deberíamos preocuparnos en calificar con mayor criterio a quienes buscan ejercer esta dignidad, exigiendo niveles de idoneidad, capacidad, conocimiento y probidad acordes con la investidura.
Una primera exigencia debería ser un título universitario de tercer nivel, que brindaría la garantía de por lo menos mayor cultura general y mejor manejo del idioma, pues es triste escuchar a algunos de estos funcionarios destrozar el castellano y su gramática sin vergüenza alguna. Una carrera profesional ayuda también a desarrollar la capacidad de discernimiento, tan importante para entender el significado de causa/efecto y aprender a reconocer los problemas, identificar su origen, para entonces sí proponer las alternativas de corrección.
Como segundo requerimiento, quizá con mayor valor que la misma preparación académica debería considerarse la experiencia; no es sensato postular a un bisoño profesional por más altas calificaciones que ostente, pues si bien la juventud reboza de ímpetu, atrevimiento y apasionamiento, también suelen desbordar sus acciones con arrogancia, impertinencia y hasta irreverencia; riesgo que disminuye con la cordura, prudencia y sabiduría acrecentada con la adultez. Los jóvenes deben incorporarse a la vida activa de la política, pero en etapas de aprendizaje, siempre bajo la tutela de un adulto experimentado, que les ayudará a crecer hasta convertirse en protagonistas. La segunda propuesta sería entonces haber alcanzado por lo menos 4,5 décadas de vida.
El tercero por orden pero primero en importancia es la integridad, ¡por favor! Va a legislar para una nación, será el encargado de hacer, corregir e interpretar las leyes. Un asambleísta, diputado, senador, congresista o como se llame, no puede tener tacha en su honradez y honorabilidad ¡ni la menor duda de su decencia! Eso de que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, o aquello de que la cárcel desvaneció mi deuda para con la sociedad, está bien para el común ciudadano, pero no puede permitirse para quienes osan llamarse “padres de la patria”. Aquellos que violaron la ley, antes de ser elegidos o durante el ejercicio de sus funciones, perderán el merecimiento y no podrán ejercer esta dignidad por el resto de sus vidas.
Castigar con inhabilidad temporal para luego volver a ejercer cargos públicos es una verdadera ignominia, pues aquel que haya violentado la ley valiéndose de un espacio de poder no merece el beneficio de otra oportunidad; esta puede buscarla en el sector privado, pero en la responsabilidad de un cargo público ¡nunca más! ….. Tercera propuesta.