Policías denuncian intento de despojo de sus tierras
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
abogado Rolando Figueroa defensor de los socios de la cooperativa
Los 472 socios de la cooperativa de Vivienda Francisco Urrutia Santillán realizaron un plantón en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas para exigir que se mantenga en vigencia la escritura de donación de 257.617 metros cuadrados situados en el sector de Monte Sinaí, los cuales están destinados para levantar una urbanización.
El abogado Rolando Figueroa, defensor de los socios de la cooperativa, recordó que el predio fue donado en el 2002 por el entonces vicepresidente y representante legal de la Inmobiliaria San Colombano, Domingo Norero Bozzo, acción que fue elevada a escritura pública por la notaria Roxana Ugolotti de Portaluppi. «Sin embargo, ahora el actual presidente de la inmobiliaria, Danilo Norero Mejía, quiere desconocer esa escritura planteando ante la justicia una demanda de nulidad de instrumento público que está en trámite», mencionó Figueroa.
Sin embargo, esto no termina ahí, Vicente Arteaga Robles, procurador común de la cooperativa de vivienda, reveló que Norero pactó con el presidente de la cooperativa de vivienda, el sargento Segundo Ezequiel Estrella Viteri y con el gerente Ricardo Carvaca, para devolver los predios mediante un acta de mediación en el Centro de Soluciones Legales (Censol) sin tomar en consideración que ese acto sólo lo podía hacer la asamblea General de socios.
«Con esta mediación ilegal, en un acto de colusión real, pretendieron engañar a la jueza de lo Civil, Mariola Guadamud, quien tramita el juicio de nulidad de instrumento público, la cual en una primera instancia archivó el proceso y ordenó la inscripción del acto de mediación que devolvía los terrenos, pero después rectificó», explicó Arteaga.
Ante esto, Norero Mejía apeló la decisión de la jueza Guadamud y ahora será la Sala de lo Civil, quien defina la validez de la mediación, tras una audiencia que ya realizó en la Corte Provincial de Justicia y cuya resolución se dará en una nueva audiencia en los próximos días.
En tanto, el procurador común recordó que Estrella Viteri y Carvaca están ejerciendo la calidad de presidente y gerente de la cooperativa de manera ilegal, aupados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. «Ellos fueron destituidos por los socios en Asamblea General realizada en octubre de 2018, pero siguieron actuando ilegítimamente», concluyó Arteaga.
