Organizaciones ciudadanas se pronuncian a favor de la eliminación del CPCCS en la Asamblea
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA.- Autor: Lcdo Henry Ortiz
La importancia del debate y que todas las organizaciones sean escuchadas para encontrar un consenso se busca dentro de la Asamblea.
La Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales realizó una nueva jornada de análisis del proyecto de reforma parcial a la Constitución, presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática, en el marco de la elaboración del informe para segundo debate.
La Corporación Ciudadana; Fundación Haciendo Ecuador y la Comisión Anticorrupción están de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs); y, que la designación de los órganos de control regrese al Legislativo. Mientras que, el Colectivo en Defensa de la Garantía del Ejercicio de Derechos de Participación Ciudadana Ecuador defendió el ejercicio efectivo de la participación ciudadana.
Previamente, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión Ocasional, resaltó la importancia del debate y que todas las organizaciones sean escuchadas para encontrar un consenso.
Ruth Hidalgo, directora Ejecutiva de la Corporación Ciudadana, expuso que está de acuerdo con el contenido del informe. No obstante pide se tomen en cuenta los criterios técnico-jurídicos que vienen desde la ciudadanía, como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la designación de los órganos de control desde el Legislativo.
Tras manifestar que la acción de participación ciudadana le pertenece al pueblo y no puede ser corporizada e institucionalizada, planteó que para cada designación de las autoridades de control se creen comisiones especiales conformadas por legisladores de las diferentes bancadas, así como con miembros de la academia y la sociedad civil, como veedores ciudadanos, para que las personas designadas estén comprometidas con la causa democrática y no con agendas políticas.
El asambleísta, Héctor Muñoz manifestó que los órganos de control deben ser designados por el Parlamento, como sucede en las democracias maduras. Destacó la necesidad de mejorar los mecanismos para la designación de las autoridades y ratificó su posición por la eliminación del Cpccs. Consultó si la academia participará con ternas o solo como veedores. La presencia de la academia debe ser absolutamente técnica, dijo.
Muñoz sostuvo que si bien es importante la rendición de cuentas de las autoridades públicas y de elección popular, en la práctica ha terminado siendo un «saludo a la bandera», tal como está previsto en la normativa vigente.
Mónica Banegas, directora Ejecutiva de Fundación Haciendo Ecuador, sostuvo que eliminar el Cpccs no es un retroceso para los derechos de participación ya que el artículo 95 de la Constitución habla de la participación ciudadana en varios niveles de gobierno y establece los mecanismos para ejercer esos derechos. Dijo que este cumple una tarea específica: promocionar la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas como ente de coordinación con la sociedad civil.
Sugiere que la designación de las autoridades de control sea atribución de la Asamblea Nacional, con base en concursos públicos de méritos y oposición, de modo que se garantice la valoración técnica y especializada de los perfiles de los postulantes.
Tras manifestar que el Cpccs respondió a una desinstitucionalización del Estado durante una década, dijo que cuando la clase política está desprestigiada lo mejor es despolitizar los organismos de control. “Este cumple funciones como entidad intermediaria, innecesaria entre la ciudadanía y las autoridades competentes”, precisó.
Mientras que, Alejandra Cantos Molina, junto a Héctor Guitiérrez y Mario Hidalgo, representantes del Colectivo en Defensa de la Garantía del Ejercicio de Derechos de Participación Ciudadana y Contraloría Social en el Ecuador, consideran que la participación ciudadana debe ser enrumbada hacia un ente independiente que pueda catalizar todas las expectativas ciudadanas.
La participación ciudadana es un imperativo ético, una obligación y un derecho ciudadano a participar en la vida pública y política del Estado, es fundamental que se garantice su ejercicio efectivo previsto en la Constitución de la República, puntualizó Alejandra Cantos. Comentó que hace falta un análisis jurídico sobre el ejercicio del derecho de participación ciudadana.
