Segundo debate al Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria y Económica
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
El Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19, enviado por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica. En la sesión virtual 669 estuvieron presentes los 137 parlamentarios.
Los asambleístas escucharon la lectura del informe elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico, misma que recogió 283 observaciones: 160 realizadas por asambleístas, 19 por empresas públicas y 104 privadas.
El proyecto de ley busca incentivar el apoyo humanitario y fomentar la reactivación económica y productiva del Ecuador, así como el mantenimiento de las condiciones de empleo.
Las modificaciones presentadas en este informe tienen relación con la tabla de contribución humanitaria temporal sobre ingresos de personas naturales, la cual arrancaría a partir de los 2.500 dólares; y la contribución humanitaria única del 5 % sobre las utilidades de las sociedades partiría desde los 2 millones 500 mil dólares.
También prevé una contribución solidaria del 2 % sobre bienes inmuebles en el Ecuador de propiedad de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.
El documento presenta modificaciones en lo que respecta a las Medidas Solidarias y la Reactivación Productiva, en tal sentido, se estableció el otorgamiento de créditos bancarios de rápido desembolso con condiciones especiales: periodos de gracia, amplios plazos de pago y tasas de interés preferenciales.
Además, la reducción de un 10 % de la tarifa eléctrica durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, para los quintiles 1 y 2 de pobreza, así mismo, habrá una disminución de costo de energía para los sectores productivos.
Tampoco se incrementará el costo de los servicios básicos ni habrá suspensión de los mismos durante la emergencia, estos pagos serán refinanciados.
En otro aspecto, se fijarán precios para los artículos que forman parte de la canasta básica familiar. Además, se incluyó en el proyecto que, durante el tiempo de vigencia del estado de excepción, y hasta 60 días después de su conclusión, no se podrán ejecutar desahucios a arrendatarios de bienes inmuebles.
La normativa estableció la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero. A la vez se concedió facilidades de pago de obligaciones a seguridad social para afiliados y patronos que durante la emergencia sanitaria no han podido cubrirlas.
Los fondos recaudados se destinarán para atender a las familias más vulnerables durante esta emergencia y generar liquidez para la reactivación productiva. A la vez, se estableció que de forma permanente se deberá informar sobre la administración y uso de los recursos de la cuenta única a la Contraloría. Mientras que la Asamblea Nacional deberá conocer trimestralmente sobre el uso y destino de los fondos.
También se corrigieron de forma y fondo articulados relacionados con la protección de los trabajadores, contrato especial emergente, reducción de la jornada laboral, priorización de contratación a trabajadores, profesionales, bienes y servicios de origen local, estabilidad de trabajadores de la salud, entre otros temas. De igual manera se realizaron modificaciones a las disposiciones generales y transitorias.
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