Contralor General del Estado, Fiscal General del estado, Ministra de salud y otros actores sociales, dieron sus versiones sobre los hechos registrado en octubre
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
El Contralor General del Estado, Pablo Celi; la Fiscal General del Estado, Diana Salazar; Catalina Andramuño, ministra de Salud; representantes de las cámaras de comercio, industrias, turismo y otros actores estatales y sociales dieron sus versiones en la Comisión Multipartidista, presidida por Fernando Burbano, que investiga los hechos registrados entre el 2 y 13 de octubre pasado, con ocasión del paro nacional.
Previo al inicio de esta sesión, los legisladores realizaron un recorrido por la Contraloría General del Estado, en donde el contralor Pablo Celi dio lectura a un informe que detalla lo que la institución ha considerado como los motivos para el incendio de sus instalaciones, durante el paro nacional. Afirmó que la institución que él dirige no tiene ninguna relación con el Ejecutivo, ni con los elementos que motivaban la protesta social, por lo que es inevitable pensar que fue un acto premeditado. En la visita, los asambleístas pudieron evidenciar una destrucción intencional y muy ordenada de la documentación de la Contraloría.
Luego, en su comparecencia ante la Comisión Multipartidista, Celi sostuvo que “el ataque a la Contraloría responde a tres objetivos: atacar la memoria documental del control público; destruir la capacidad operacional; y romper la secuencialidad de la cadena de control. Insistió que se trata de una agresión, un ataque y un atentado contra una institución que no es parte de la función ejecutiva, que no tiene ninguna relación con los elementos que se contenían en la protesta social.
Tras enfatizar que son una parte de una función fundamental que garantiza el control en el Estado sostuvo que el hecho constituyó un atentado contra el Estado en su conjunto. Recalcó que hay acciones que buscan romper a las instituciones, descomponer el tejido social, introducir al país actos para desestabilizar la democracia y el ataque a la Contraloría es una alerta de este fenómeno. Aquí existen nuevas y graves amenazas a la estructura jurídica y de gestión del Estado y a la sociedad, advirtió.
Por su lado, Diana Salazar, expuso los hechos técnicos jurídicos que conciernen a la Fiscalía. Recordó que el derecho a la protesta no está solo amparado en la Constitución, sino en instrumentos internacionales. No obstante, las expresiones de violencia, de llamamiento a la violencia, cuando afecten los derechos de otro, no forman parte de una protesta social pacífica.
Informó que esta protesta no pacifica puede desencadenar en varios tipos penales contemplados en el COIP, como la rebelión, destrucción de bienes, sabotaje, destrucción de registrado, instigación, entre otros delitos. El estado de excepción se adopta en un marco constitucional que tiene como característica la restricción de algunos derechos.
La Fiscalía tiene un papel eminentemente reactivo y, en esta ocasión, jugaron también el preventivo, a través de varios comunicados que se socializaron en las redes sociales, resaltó Salazar. Explicó que cuando terminó la paralización, mediante resoluciones, determinó la creación de equipos especiales de fiscales para la investigación de los hechos en el marco de la delincuencia organizada y de posibles violaciones a derechos humanos. “La Fiscalía jamás paralizó la atención, cuando nos vimos limitados, nos trasladamos a otras instalaciones, pero siempre nos mantuvimos atendiendo a la ciudadanía”, aseguró.
Durante el paro se presentaron principalmente causas por ataque o resistencia, destrucción de bienes de patrimonio cultural, incitación a la discordia, paralización de un servicio público, violación a la propiedad privada, entre otros, mencionó la Fiscal. Entre los casos de connotación están las denuncias presentadas por instigación, presentada por persona particular en contra de tres asambleístas; tentativa de asesinato, en contra de funcionarios del Estado, ministra de gobierno, ministro de defensa; paralización de servicio público en contra de un asambleísta, quien ya está sentenciado.
Juan Carlos Díaz, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil dijo que el Ecuador se encuentra en el puesto 129 de 160 países en el entorno de negocios y han caído seis lugares. El riesgo país aumentó a más de 800 puntos después de las manifestaciones, puntualizó, al señalar que se han vulnerado derechos constitucionales de aquellas personas que tenían derecho a trabajar, a la libre circulación, a recibir medicinas, a la seguridad jurídica; y, al acceso a la alimentación.
“La Cámara de Comercio de Guayaquil representa alrededor del 30% del PIB, todos sufrimos perdidas, el sector agrícola nunca se va a recuperar. Rechazamos la violencia y llamamos al dialogo para transformar al Ecuador en un país de oportunidades”, enfatizó y demandó de la Fiscalía que inicie las indagaciones fiscales de oficio ante los delitos flagrantes y que hayan atentado contra los bienes las personas y la estructura del Estado.
“El turista se asusta, no es justo que yo haga bien las cosas, que trabaje bien, que pague mis impuestos y que venga alguien que no conozco a romper mis cosas, a afectar mi negocio y al turismo de todo el país”, dijo por su parte el presidente Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, Holbach Muñetón.
Mientras, Daniel Legarda, presidente Ejecutivo de Fedexpo manifestó que no hubo presencia de la fuerza pública y por lo tanto no había garantía de nada. Cree que la Asamblea debe hacer un llamamiento más fuerte a las Fuerzas del Orden porque se sintió un desamparo total en este aspecto durante los día de paro.
Por último, la Ministra de Salud, Catalina Andramuno, compareció ante la Comisión y señaló que tuvieron dificultad para que las ambulancias transporten a los pacientes, pero el Ministerio a su cargo nunca paralizó sus servicios. Tuvieron un ausentismo del 5 % del personal que no podía llegar al trabajo, pero se trasladaba al centro médico más cercano a trabajar.
