Ley de Minería que busca transparentar concesiones pasó primer debate
REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)
Legisladores de diferentes partidos y movimientos políticos coincidieron con la propuesta del legislador Patricio Donoso, de transparentar los procesos para la entrega de concesiones mineras bajo las mismas reglas de juego, tanto para empresas nacionales o extranjeras. De esta manera se prevendrá actos de corrupción, se fomentaría la inversión nacional, internacional y el desarrollo minero en el país, dijeron
Luego de la intervención de 17 legisladores, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso dio por terminado el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería y solicitó a los parlamentarios remitir sus propuestas para que la Comisión de Régimen Económico elabore el informe para segundo debate.
El asambleísta Patricio Donoso, ponente y proponente del proyecto de reformas a la Ley de Minería, en su intervención destacó la importancia de eliminar dos artículos de esta normativa, a fin de fortalecer procesos de libre competencia y acceso igualitario para el otorgamiento de concesiones mineras. El objetivo es alcanzar equidad, transparencia y lucha contra la corrupción, evitar coimas que pueden darse por parte de empresas extranjeras o estatales, agregó.
El parlamentario precisó que hay que equiparar las condiciones para las inversiones privadas y públicas, extranjeras y nacionales, para que todas se atengan al mismo trato y compitan en las mismas condiciones, tanto en subasta pública para el otorgamiento de las condiciones mineras, como para la firma de contratos de prestación de servicios.
Dijo que el proyecto se ajusta a disposiciones constitucionales a través de las cuales se establece que el Estado debe evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.
En el debate, la idea de que nunca más se debe dar preferencias a nadie fue recurrente. Si hay subastas, que las empresas estatales o internacionales tengan las mismas condiciones para la adjudicación de contratos y que los procesos de licitación sean claros y transparentes.
Manifestaron que el problema minero es bastante complejo ya que la mayoría de concesiones fueron entregadas a personas vinculadas con grupos de poder o tenían información privilegiada, situación que debe corregirse con la reforma a la Ley de Minería.
Precisaron que a pesar de que el catastro minero está cerrado, se otorgan nuevas concesiones. Este acto irregular debe sancionarse sostuvieron. Destacaron la necesidad de legislar en función del gran potencial minero con el que cuenta el país y evitar privilegiar a una u otra empresa en el otorgamiento de concesiones mineras.
El proyecto de reforma es fundamental para garantizar igualdad de condiciones en las licitaciones, que las empresas extranjeras que deseen ser adjudicadas tengan domicilio en Ecuador, para que sean controladas y tributen, mencionaron varios asambleístas.
Se sugirió trabajar en una reforma integral en razón de que en la Comisión de Biodiversidad existen proyectos de reforma a la Ley de Minería. Plantearon invitar a alcaldes y prefectos donde se realice esta actividad, para que expongan los problemas que enfrentan frente a la contaminación ambiental, producto de la explotación minera.
Existieron varios señalamientos de que el tema es muy sensible para la Amazonía, porque se corre el riesgo de que ocurra lo mismo que con el petróleo: allí se queda la contaminación, pero no se comparten las utilidades. Los legisladores mencionaron que los recursos que produce la explotación minera deben invertirse en la protección del medio ambiente.
La propuesta establece que todas las personas jurídicas, sean públicas, privadas o de participación mixta, nacionales o extranjeras, que busquen el otorgamiento de concesiones mineras, deberán someterse a un procedimiento administrativo de subasta pública en igualdad de condiciones. Por tanto, se elimina la posibilidad de suscribir contratos de forma directa con empresas estatales extranjeras o consorcios con participación mayoritaria del Estado.
