¿Cómo puede el Estado enfrentar mejor sus demandas?

REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)

Un pleito judicial es una odisea indeseable y más cuando es contra el Estado pues el costo lo pagamos los ciudadanos. En algunos países de América Latina y el Caribe, los pleitos contra los gobiernos han alcanzado tal envergadura que son un problema para las cuentas fiscales.

¿Por qué se demanda al Estado en nuestra región? Las principales razones son:

• Insatisfacción de los ciudadanos respecto a la calidad de los servicios públicos. Con una clase media cada vez más informada y exigente, la cobertura del Estado no ha ido a la par de las expectativas de los latinoamericanos. De acuerdo con algunos estudios, el 80% de los objetivos establecidos por los gobiernos latinoamericanos no se cumplen y el 60% de la clase media está insatisfecha con los servicios básicos.
• Malas prácticas laborales. El 12% de los latinoamericanos trabajan directamente para el sector público, y en algunos países esa cifra se eleva hasta el 20%. Por ejemplo, según la Agencia de Defensa Jurídica del Estado de Colombia, en los últimos 6 años se han registrado demandas por asuntos laborales del orden de USD 3 mil millones.
• Acuerdos incumplidos entre el Estado y empresas privadas. Las demandas por arbitrajes de inversión a nivel mundial han aumentado exponencialmente (de seis casos en 1995 a 942 en 2018). De ese total, los países de América Latina y el Caribe recibieron 267 demandas -es decir, el 28% de las demandas mundiales Estado-Inversor.

Distintos modelos, un objetivo común: Defender al Estado

En los últimos años, América Latina y el Caribe ha avanzado en la organización institucional de la defensa jurídica del Estado. Existen modelos centralizados (Chile), descentralizados (México) y mixtos (Colombia y Perú) que buscan un equilibrio entre estrategias de defensa combinando enfoques reactivos con preventivos.

Modelos Organizacionales para la Defensa Jurídica

La implementación de un modelo u otro responde a estructuras organizacionales de la administración pública y a estudios de costo-beneficio de la representación directa o indirecta de las demandas. En Chile, por ejemplo, el Consejo de Defensa opera bajo supervisión directa del Presidente de la Republica y para garantizar su independencia sus miembros son inamovibles. Por otro lado, México, la función de Defensa Jurídica está a cargo de la Procuraduría General de la República como ocurre en Costa Rica, Ecuador y Panamá. En Perú, esta función es ejercida por el Consejo de Defensa del Estado, un órgano colegiado que coordina todo el sistema de defensa.

Estrategia + Conocimiento + TIC: El as bajo la manga de Colombia

El caso de Colombia muestra que combinar estrategia, conocimiento y tecnología puede dar muy buenos resultados. El país suscribió en el 2012 un Programa de Fortalecimiento Institucional con el Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar la efectividad de la gestión de la defensa y disminuir los pagos por fallos desfavorables. Y el esfuerzo ha dado sus frutos.

La estructuración de estrategias de defensa sólidas apoyadas en herramientas tecnológicas han permitido que el Estado colombiano gane más pleitos de los que pierde. Además, que en aquellos que pierde, pague menos. En concreto, la tasa de casos ganados se duplicó (del 27% en 2012 al 56% en 2018) y los pagos evitados pasaron de 67% en 2013 a 80% en 2017.

¿En qué consistió la estrategia?

• Depurar el inventario de demandas. En 2012 se centralizaba sólo la información de 27 entidades públicas con la estrategia implementada. En 2018, se integraron los datos judiciales de 318 organismos y entes públicos nacionales y subnacionales.
• Definir un Modelo de Gestión del Ciclo de Defensa. Este modelo se basa en estrategias preventivas, de gestión del riesgo y acción focalizada y prospectiva, que permiten establecer los lineamientos de acción para la defensa en sus diferentes etapas.
• Implementar un Sistema Nacional de Información litigiosa. El eKOGUI es el sistema unificado de información que permite registrar y gestionar todos los casos, acciones y procesos jurídicos en los que el Estado está involucrado. Contiene 700.000 registros sobre los cuales se pueden emitir alertas tempranas, hacer seguimiento detallado y generar reportes en tiempo real. Además, cuenta con un banco de líneas jurisprudenciales para apoyar la sustentación de los procesos. El eKOGUI ha fortalecido las estrategias de prevención del daño antijurídico, de defensa y la articulación entre entidades. Por ejemplo, el eKOGUI ha facilitado que el Ministerio de Hacienda gestione con mayor precisión el pasivo generado por sentencias y conciliaciones que equivale al 1.9% del PIB.
• Conformar una Comunidad Jurídica del Conocimiento (CJC). Es una estrategia de gestión de conocimiento en la que participan cerca de 6.000 abogados. Aplicando herramientas de inteligencia de negocio, analítica de datos e inteligencia artificial (Robot Litigante), la CJC tiene un árbol que agrupa las principales “ontologías del conocimiento” en defensa jurídica, documentación de experiencias, buenas prácticas, y foros de discusión jurídica. Así, los defensores acceden a datos masivos, lo que agiliza la revisión de expedientes, y les permite concentrarse en la definición de estrategias legales.

Los réditos fiscales de una buena defensa

Este programa de fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado en Colombia ha sido muy exitoso. La evaluación costo beneficio practicada estimó ahorros cercanos a los USD 24.2M en solo 3 años (2015-2017) gracias a una mayor efectividad de la defensa. La experiencia de la ANDJE ha inspirado a otras instituciones como la Defensoría del Pueblo de Colombia, que con un Programa de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales creará una CJC similar para mejorar el servicio de Defensoría Pública.

Si bien Colombia tiene aún por delante importantes retos en esta materia, esta experiencia constituye un buen ejemplo de cómo nuestros Estados pueden defenderse mejor.

Fuente: BID