Se crearán unidades de Garantías Penitenciarias en cuatro provincias

Con el objetivo de precautelar los derechos humanos de las personas privadas de libertad (PPL), el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó la creación de cuatro unidades judiciales especializadas en Garantías Penitenciarias.

Dichas dependencias estarán ubicadas en Latacunga (Cotopaxi), Cuenca (Azuay), Guayaquil (Guayas) y Portoviejo (Manabí), así lo anunció María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, mediante rueda de prensa realizada el pasado 4 de septiembre.

Maldonado explicó que de esta manera se cumple con crear unidades judiciales de garantías penitenciarias en las localidades donde se encuentran los centros de rehabilitación social, como lo establecen la Constitución de la República de 2008, el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“Con esto se beneficiará al 70 % de la población penitenciaria de todo el país. Guayas tiene más de 15.000 PPL, Cotopaxi más de 5.000, Manabí más de 1.700 y Azuay más de 2.000”, aseguró.

Cada unidad contará con jueces, secretarios, ayudantes judiciales, técnicos de audiencia, técnicos de ventanilla y gestores de archivo. En total, serán 36 funcionarios los que laboren en estas dependencias.

En el evento estuvieron presentes el viceministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; el comandante general de la Policía, Nelson Villegas; y, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), Edmundo Moncayo.

Firma de Convenio

Además, se firmó un convenio de cooperación para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad entre el CJ y la SNAI, con una duración de dos años.

Con este acuerdo, el CJ asume compromisos como: implementar los sistemas y equipos tecnológicos que permitan efectuar las audiencias por vía telemática; aprobar protocolos y mecanismos que garanticen el debido proceso en casos relacionados con garantías penitenciarias, entre otros aspectos.

Por su parte, el SNAI se compromete a adecuar salas de videoconferencia en los centros de rehabilitación social, para que las PPL comparezcan, a través de medios electrónicos, a las audiencias, asegurando el acceso a la justicia.