Prevenir el embarazo adolescente es posible y requiere de todos

REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)

Algunos se preguntan qué tiene que ver el embarazo adolescente con el desarrollo. Lo cierto es que no solo es un problema de salud pública, sino que también amplía las brechas sociales y de género, ya que está asociado con altos niveles de mortalidad durante el embarazo, parto y puerperio, y representa la sexta causa de deserción escolar, afectando así, las oportunidades laborales y los niveles de ingresos de las y los adolescentes. Para América Latina esto representa un reto importante, ya que la región se ha convertido en el segundo subcontinente con la tasa de embarazo adolescente más alta.

México no es la excepción. De hecho, es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor número de embarazos en adolescentes, con una tasa de 73.6 por cada mil adolescentes de 15 a 19 años.  Pero el país ha tomado pasos importantes para enfrentar este desafío, incluyendo la reciente Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), cuyas metas son: reducir en un 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años y erradicar el embarazo en la población de 10 a 14 años para el año 2030. El éxito de la estrategía, producto de prácticas innovadoras en términos de coordinación interinstitucional, dependerá del pleno involucramiento de las comunidades objetivo para atender de forma focalizada y sensible sus realidades.

Desde la sociedad civil mexicana, se ha trabajado para promover los derechos sexuales y reproductivos mediante esquemas de contraloría y participación ciudadana, como es el caso de  Lo Público es Nuestro (LPEN), impulsado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C. (ILSB). El programa busca mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva, a través del fortalecimiento de la participación de jóvenes y mujeres indígenas y afromexicanas para realizar una incidencia informada. En LPEN participan 60 integrantes de 15 estados del país monitoreando los servicios de salud sexual y reproductiva, así como la implementación de algunas políticas públicas de la ENAPEA en materia de abasto de métodos anticonceptivos, prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, interculturalidad en salud y corresponsabilidad masculina.

Con los resultados del monitoreo realizado, LPEN ha desarrollado planes de incidencia con recomendaciones puntuales para tomadoras y tomadores de decisión a nivel estatal y federal. Entre las medidas propuestas para promover los derechos sexuales y reproductivos destacan:

1. Mayor presupuesto para programas y servicios sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes.
2. Lineamientos claros para la distribución de anticonceptivos en los estados, garantizando que se provean durante las consejerías de salud y que se brinde información adecuada sobre la variedad de métodos que existen.
3. Transversalización de la perspectiva intercultural en la provisión de servicios de salud, especialmente donde hay población mayoritariamente indígena. Los servicios deben contar con intérpretes y ofrecer atención que se adecúe a las prácticas culturales y respete la autonomía de las personas.
4. Mayor capacitación del personal de salud para involucrar activamente a los hombres en la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual, así como para atender casos de violencia sexual de acuerdo a la normativa vigente.
5. Generación de condiciones para garantizar el acceso a la información de amplios sectores de la población, puesto que actualmente requiere de conocimiento especializado, acceso a tecnologías y dominio del español.

La participación ciudadana es un elemento clave en la mejora de los derechos sexuales y reproductivos. En este caso, por ejemplo, varios estados como Guerrero, Oaxaca y Morelos ya han retomado las recomendaciones de LPEN para optimizar sus servicios de salud e incorporar una perspectiva intercultural, de género y de juventudes.

En América Latina, los jóvenes están optando por tener relaciones sexuales cada vez a edades más tempranas. Entre el 57% y el 87% de las mujeres en la región han tenido relaciones antes de los 20 años. El acceso a información adecuada sobre la salud sexual y reproductiva debe ser una prioridad para prevenir el embarazo adolescente. En este sentido, las iniciativas de la sociedad civil, tales como LPEN, pueden jugar un rol en la identificación de los retos del sistema de salud, y en el fortalecimiento de la gobernanza y el empoderamiento ciudadano de los jóvenes y las mujeres. La verdadera innovación social proviene de involucrar activamente a las poblaciones para transformar las instituciones, las prácticas de las y los tomadores de decisión y las políticas públicas.

Fuente: BID