Con 100 votos el Pleno dispuso la comparecencia del ministro Pérez para que explique el supuesto pedido de cargos por parte de legisladores
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
El pleno de la Asamblea, con el voto unánime de los 100 asambleístas presentes, dispuso la comparecencia del ministro de Reursos no Renovables, Carlos Pérez García, para que explique las acciones u omisiones respecto de los hechos narrados en sus declaraciones públicas proferidas en el marco de su comparecencia a la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, el pasado 19 de junio, en el sentido que varios asambleístas le habrían llamado para pedir cargos en las eléctricas.
La resolución, propuesta por la asambleísta Soledad Buendía, expresa la preocupación e indignación de la Asamblea ante las públicas declaraciones del ministro de Enegía y Recursos Naturales no Renovables, a la vez, insta al funcionario a presentar esta denuncia ante las autoridades competentes.
El texto dispone al Presidente de la Legislatura solicite a la Fiscalía General del Estado, dentro de las siguientes 24 horas, certifique si el Ministro de Energía ha presentado denuncia en contra los asambleíastas u otros funcionarios que hubieran gestionado cargos públicos ante su cartera de Estado.
Igualmente, se delega al Presidente de la Asamblea Nacional, como su representante legal, presente la denuncia penal en contra del Ministro de Energía, si dicho funcionario no hubiera cumplido la obligación de denunciar una infracción penal, como lo dispone el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Por último, el texto determina que se ponga en conocimiento de la Comisión de Fiscalización y Control Político la certificación que emita la Fiscalia General del Estado, a fin de que inicie los procedimientos de control polìtico pertinentes.
Buendía recordó que el desconocimiento de la ley no le exime de responsabilidad al Ministro, en torno al conocimiento de actos de corrupción, pues si algunos legisladores han ejercido presiones, debe denunciar ante las autoridades competentes, de lo contrario incurriría en un delito de omisión, sancionado por el COIP.
Añadió que si el funcionario no tiene pruebas, no debería preocuparse porque la investigación le corresponde a la Fiscalía. “No es cuenstión de venir a la Asamblea y lanzar una acusación general en contra de todos sus miembros”, dijo.
En el debate, los legisladores subrayaron la necesidad de que el funcionario dé los nombres de quienes le han llamado para pedir cargos públicos, particularmente en el sector eléctrico.
Así mismo, reiteraron que no se puede dar una información tan escueta sobre supuestas llamadas de asambleístas para tramitar cargos, cuando lo correcto es que aclare sus dichos y puntualice los nombres de quienes habrían incurrido en tráfico de influencias.
