Asamblea y Secretaría Anticorrupción suscribieron “Estrategia por un Ecuador de Transparencia” con standares internacionales
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
Mecanismos para recuperar los activos robados fue el tema que se analizó en las mesas de trabajo de cooperación interinstitucional, en el marco de la “Estrategia por un Ecuador de Transparencia”, que suscribió la Asamblea con la Secretaría Anticorrupción, este 24 de junio. Andrea Agudelo, representante de la iniciativa StAR, expuso los estándares internacionales que se podrían aplicar en Ecuador.
Agudelo hizo referencia a la literatura existente en cuanto a la lucha contra la corrupción, lavado de activos y persecución patrimonial en convenciones internacionales, como la de Viena, la de Palermo, la de Mérida, el Convenio contra el Financiamiento del Terrorismo y los estándares del Grupo de Acción Financiera.
Sostuvo que estos instrumentos internacionales han producido algunos efectos, como el levantamiento del secreto bancario, las obligaciones de reporte bancario y la responsabilidad de entidades bancarias; la creación de unidades de inteligencia financiera, la tipificación del lavado de dinero, responsabilidad penal de personas jurídicas, identificación, detección y aseguramiento o incautación de fondos; potenciación de cooperación judicial, entre otras.
Según la representante de la iniciativa StAR, para evitar que el dinero se escape por actos de corrupción es necesario adoptar medidas de prevención. Dijo que los estándares del Grupo de Acción Financiera recomiendan que los países deben considerar los riesgos que tiene para el lavado de activos y debe tomar medidas para gestionarlos y prevenirlos.
Agudelo recordó que en Ecuador no se tipifica el soborno activo y pasivo de funcionarios públicos extranjeros, así como en el sector privado, no incluye sanción del beneficio a terceros, ni a la dádiva, que son beneficios inmateriales.
Asimismo, dijo que tampoco existe el delito específico de abuso de funciones, no todos los delitos implican inhabilitación del funcionario público. Además, está regulada la responsabilidad penal de las personas jurídicas de derecho privado, pero no ocurre lo mismo con otras personas, como los jurídicos de derecho público. Además, recomendó revisar la legislación para abarcar la retaliaciones a partir de amenazas físicas y laborales.
Fortalecer el sistema nacional de protección de testigos, regular los acuerdos con colaboradores de la justicia a nivel internacional, repotenciar los equipos conjuntos de investigación, fueron otras de las sugerencias de la experta. En cuanto a la protección de testigos, recordó que en Ecuador el 80 % prefiere callar.
También se refirió a la diferenciación que debe existir entre protección de testigos (se reduce al campo penal) y protección de reportantes (se refiere a la investigación que puede ser o no penales e incluye al sector público y privado) y dijo que se puede tomar como referencia la Ley modelo Convención Interamericana contra la Corrupción y otras legislaciones como la de Perú, Bolivia y Chile.
