Asamblea analizará, propuestas de reformas y enmiendas a la Constitución
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
A partir de las 10:05 de este jueves, 27 de junio, el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá y analizará las diferentes propuestas de reformas y enmiendas constitucionales presentadas por varios asambleístas, según la convocatoria formulada por su presidente, César Litardo Caicedo.
La Asamblea debatirá las propuestas de enmiendas constitucionales auspiciadas por los asambleístas Fabricio Villamar, Jeannine Cruz y por el exlegislador Jorge Yunda.
Villamar, pretende enmendar los artículos 264 y 384 de la Constitución. Con este último se eliminaría la declaratoria de la comunicación como servicio público. Según el asambleísta, esta declaratoria incidió, voluntaria o involuntariamente, en un control absoluto sobre los medios de comunicación.
Mientras, el artículo 264 ya sufrió un cambio en 2015 y está relacionado con las competencias exclusivas en salud y educación, que están a cargo del ente rector de cada materia. Sin embargo, el parlamentario busca recuperar esta competencia para los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), que voluntariamente la soliciten. La enmienda no ha logrado garantizar estos derechos y no ha permitido la coordinación y el ejercicio concurrente entre el gobierno central y los GAD, asegura Villamar.
El exlegislador Jorge Yunda propuso reducir el número de parlamentarios a 52, reemplazando el artículo 118 de la Constitución, relacionado con la integración de la Función Legislativa. Pide que la Asamblea esté conformada por cuatro asambleístas por circunscripción nacional (ahora son 15), uno por cada provincia y uno por cada 500 mil habitantes (ahora son dos por cada provincia y uno por cada 200 mil habitantes) y tres de las circunscripciones del exterior (hoy son seis), lo cual incidirá en una mejora del trabajo del Parlamento, con la respectiva diminución del gasto público.
La propuesta de Jeannine Cruz tiene que ver con el artículo 272, que hace referencia a la distribución de los recursos entre los GAD que, dice, será según los criterios de tamaño y densidad de la población, necesidades básicas insatisfechas y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Si bien esos criterios, en cierta forma, tienden a que esa distribución sea proporcional y equitativa, al final no lo es con los gobiernos provinciales, puesto que pese a tener competencia exclusiva en el sistema vial, esta tarea no es parte de tales criterios referidos.
Por ello, pide que, a continuación del numeral 3 del artículo 272 de la Constitución, se agregue otro numeral que incluya el criterio de vialidad, es decir, “el número de kilómetros de vías rurales pertenecientes al territorio del gobierno autónomo descentralizado”.
