ALEXIS M. Y MARÍA DE LOS ÁNGELES D. AHORA SON PROCESADOS POR PRESUNTOS DELITOS DE COHECHO, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
REDACCIÓN N OTI-AMÉRICA (ECUADOR)
La fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, reformuló cargos en contra de Alexis M. y María de los Ángeles, por su presunta participación en los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en concurso real de infracciones. Anteriormente estos ciudadanos eran procesados por concusión.
La jueza nacional Daniella Camacho ratificó las medidas cautelares dictadas en su contra: prisión preventiva para Alexis M. y para María de los Ángeles D., la prohibición de ausentarse del país, presentación periódica ante la jueza y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica.
La Fiscal General indicó que durante la investigación surgieron nuevos elementos de convicción que hacen variar la calificación jurídica realizada en la formulación de cargos del pasado 1 de junio, por lo que presentó veintiún nuevos elementos.
Entre los principales constan: un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que revelarían variaciones en el patrimonio de María de los Ángeles D. También figuran versiones del exasambleísta Christian Viteri; de Jimmy Salazar, esposo de Pamela M.; de Gustavo Bucaram y de Pedro Espinoza, por mencionar algunos.
Otro elemento de convicción es la pericia documentológica grafotécnica realizada a los manuscritos de Pamela M., que demostrarían su autoría. Esto, además de documentación que demostraría la relación económica entre las empresas Odebrecht y Nexoglobal, esta última vinculada a Pamela M.
Según la Fiscal General, los procesados serían parte de una estructura criminal organizada y actuaron concertadamente para obtener beneficios económicos. Adicionalmente, la Dra. Salazar solicitó que este caso se acumule al proceso que se sigue en contra de Pamela M. y Laura T., porque los hechos guardarían relación.
Según la Fiscalía, entre los años 2012 y 2016, Alexis M. se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia y María de los Ángeles D. como ministra de Transporte y Obras Públicas, por lo que, abusando de sus cargos públicos –a través de Pamela M.– exigían dinero a personas jurídicas, como la empresa brasileña Odebrecht, para obtener contratos futuros con el Estado y para su retorno al país.
El Art. 596 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que si durante la etapa de instrucción, los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la impugnación hecha en la formulación de cargos, el fiscal deberá solicitar al juzgador, audiencia para motivar la reformulación. El plazo de la instrucción se aumentará treinta días improrrogables, sin que el fiscal pueda solicitar una nueva reformulación.
